Un afinado observador de los movimientos gubernamentales del caso derivado del femicidio de Agostina Vega advertirá el problema del desacople de velocidad entre el Panal y el Palacio 6 de Julio. Mientras Passerini actuó rápido, aunque con bastante dificultad, pidiendo renuncias y haciéndose cargo de la responsabilidad, Llaryora, en cambio, considera que hizo todo lo que debía y les subrayó a las familias de la víctima que el caso estaba cerrado.
La decisión del intendente tuvo sus costos y el bloque de concejales quedó al borde de la fractura. El presidente de la bancada oficialista, Martín Simonian, no pudo evitar que escalara el caso de Ricardo Moreno ni que Gustavo Pedrocca adquiriera vuelo mediático con sus denuncias. La próxima pelea tendrá a otro abogado penalista de vínculos con el líder de las 62 Organizaciones Peronistas; el también concejal Diego Casado, que con su streaming de los lunes por la siesta obligó al gobernador a llamarlo para pedirle calma.
Sobre el escritorio del despacho del gobernador siguen llegando encuestas que sondean la imagen del presidente Milei pero también otras donde se estudia el impacto del crimen que fue noticia en rotación permanente en los canales de noticias nacionales. No es ninguna sorpresa que la conversación social sobre el caso no se detiene porque las derivaciones políticas, los vínculos militantes de Claudio Barrelier y las severas desprolijidades administrativas siguen proporcionando información a los cronistas.
Esta semana, si se hace la indagatoria al único imputado, se abrirá parcialmente el expediente y cruzan dedos en el oficialismo para que las novedades judiciales no le sigan dando letra a la oposición. Si se revelan como probables los vínculos de algunos de los detenidos con oscuras relaciones con la «noche» y el bar Wachitas, habilitado y clausurado el 3 de junio con apenas dos horas de diferencia. «Nada de lo que salga de ahí puede ser bueno», dijo un funcionario municipal en off.
Mientras la fiebre mundialista no genera aún cortinas de humo, habrá que ver otros malabarismos del cordobesismo por desviar la agenda mediática. La imputación al ex presidente de la UCR y actual aliado de Luis Juez pudo ser una oportunidad que no agitó aguas más allá de la burbuja politizada de la Legislatura. El episodio deja una amarga lección al Centro Cívico (ningún caso se impone por sí solo) y también a la oposición que se desligó de Marcos Carasso. Los radicales prácticamente lo desconocieron y el juecismo no intentó defenderlo y le pidió la renuncia al cargo en el Tribunal de Cuentas. El fisioterapeuta y ex intendente de General Cabrera no se queda a la intemperie: vuelve a su cargo de planta permanente como empleado de la Dirección de Rentas.
Se pintaron la cara
Los que se plantaron y se movilizaron de manera inédita son los judiciales que presentaron centenares de recursos para exigir que se cumpla la equiparación de sus salarios con el 90% de lo que cobran los federales. Actualmente no llegan al 74% aseguran desde el gremio y los funcionarios agregaron que deben trabajar dos horas más que sus pares nacionales y por eso creen que la diferencia es aún mayor.
Además, la ley que se aprobó en diciembre elevó al 8% los aportes de los mayores salarios licuando el último aumento.
Por lo pronto, las adhesiones a las medidas de fuerza fueron muy altas y preocupan al TSJ, que no está acostumbrado a lidiar con conflictos sindicales y que siempre suele «tirar la pelota afuera de la cancha» al sostener que el presupuesto debe proporcionarlo el Ejecutivo.
Para el Panal el reclamo resulta un verdadero dolor de cabeza porque proviene del sector del Estado que cobra los mejores sueldos y cualquier mejora habilita a los otros gremios a pedir lo mismo. «Nuestra equiparación está garantizada por ley», sostiene un miembro del máximo tribunal y es cierto, como también lo es el complejo panorama que enfrenta la política cordobesa que debe resistir y mantener servicios al tiempo que queda afuera de todos los programas nacionales, aunque haya sido funcional a Milei en el Congreso. «Eso se acabó», dijo un diputado nacional antes del fin de semana largo. ¿Será?
