El diputado nacional Juan Fernando Brügge presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen integral de protección para niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos derivados del uso de plataformas digitales. La iniciativa apunta a limitar los mecanismos diseñados para captar la atención de los menores, reducir las conductas de uso compulsivo y fortalecer la protección de sus datos personales.
La propuesta establece un marco normativo de alcance nacional y de orden público que alcanzará tanto a empresas radicadas en la Argentina como a proveedores internacionales cuyos servicios sean accesibles por menores de edad dentro del país.
Las líneas principales del proyecto destacan la prohibición de utilizar sistemas de recomendación y contenidos personalizados destinados a prolongar el tiempo de permanencia de los menores en las plataformas a través del algoritmo. Además, restringe la recopilación de datos personales, prohíbe la elaboración de perfiles conductuales, limita el uso de la geolocalización precisa y de datos biométricos, y veta los denominados «patrones de diseño manipulativos», utilizados para incentivar un uso prolongado.
En diálogo con Hoy Día Córdoba, Brügge explicó que la iniciativa surge como respuesta a una problemática ampliamente documentada «Son conocidos los problemas que reporta la utilización desmedida e incontrolada de estas plataformas. No solo en redes sociales, también en videojuegos. Los propios directivos de muchas de estas empresas han reconocido que sus productos tienen diseños adictivos, pensados para captar y retener al usuario», sostuvo.
El legislador advirtió que el impacto es especialmente preocupante cuando se trata de menores de edad y expuso: «Están en pleno desarrollo y, peor aún, no comprenden los peligros que estos usos representan para su salud. Y hay algo que no podemos ignorar: en juicios en el exterior quedó a la vista que las propias plataformas sabían del uso compulsivo de los menores y eligieron no actuar. De ahí parte este proyecto».
Configuraciones y detección de uso compulsivo
Uno de los aspectos más innovadores de la iniciativa es la obligación de que las aplicaciones incorporen, por defecto, configuraciones reforzadas de protección infantil. Entre ellas se incluyen el bloqueo automático de notificaciones durante la madrugada, la desactivación de la reproducción automática de contenidos y alertas periódicas sobre el tiempo de uso acumulado.
Brügge aclaró que el proyecto no busca limitar la libertad de acceso a la información ni establecer mecanismos de censura. «Nuestro proyecto no censura ningún contenido ni restringe su acceso. No le decimos a nadie qué puede ver. Lo que hacemos es obligar a las plataformas a crear fricciones», explicó.
Y agregó: «Esas fricciones dificultan la permanencia y el uso compulsivo del servicio. Por ejemplo: que un video no se encadene solo con el siguiente, que no haya notificaciones de noche, que se desactiven las recompensas que inducen a no soltar el teléfono y que se le avise al usuario cuánto tiempo lleva conectado. No tocamos el contenido».
El proyecto también establece que las plataformas deberán detectar indicadores compatibles con conductas de uso compulsivo en usuarios menores de edad y aplicar medidas de intervención progresivas.
Según explicó el diputado, las propias empresas ya cuentan con la tecnología necesaria para realizar ese monitoreo e indicó: «Las plataformas ya tienen los instrumentos técnicos para detectar esos patrones. Es parte de su negocio: miden el tiempo de uso, la frecuencia y los horarios. Si un menor pasa horas scrolleando sin parar por la interfaz, la plataforma lo sabe. Y debe actuar en consecuencia».
La iniciativa contempla indicadores objetivos como sesiones prolongadas, uso nocturno reiterado, desplazamiento continuo de contenidos y la reanudación inmediata de la actividad luego de cerrar la aplicación. «Nuestro proyecto prevé una intervención escalonada. Primero, avisos al usuario y al representante legal, y reducción de las funciones que prolongan el uso. Si la situación persiste o resulta grave, podrán aplicarse medidas más fuertes, incluso la suspensión temporal del acceso«, detalló.
Sanciones
La propuesta incorpora además la obligación de realizar evaluaciones de impacto sobre protección de datos antes del lanzamiento o modificación de productos digitales dirigidos o accesibles a menores.
En el caso de compañías extranjeras, deberán designar un representante legal en la Argentina responsable del cumplimiento de la normativa.
La Agencia de Acceso a la Información Pública será la autoridad encargada de fiscalizar la aplicación de la ley, con facultades para realizar auditorías, imponer sanciones económicas e incluso disponer suspensiones temporales de operaciones ante incumplimientos graves.
Asimismo, el proyecto modifica el Código Penal para incorporar penas de prisión en casos vinculados con la elaboración o comercialización no autorizada de perfiles digitales de menores y fortalece la participación del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el monitoreo de la futura normativa.
Educación y concientización
Brügge sostuvo que la legislación debe complementarse con políticas públicas orientadas a promover un uso responsable de la tecnología desde la infancia. «Lo ideal sería que el Estado tenga más políticas de concientización sobre el uso adecuado de las plataformas por parte de los menores. Y no solo eso: que también se concientice a los padres sobre el control que deben ejercer sobre los hijos que las usan», expresó.
«Nuestro proyecto hace que esa concientización sea una obligación de las propias plataformas. Y como eso solo no alcanza, hace falta el rol protagónico del Estado, dotando a la autoridad de aplicación de herramientas efectivas para sancionar cuando estos deberes se infrinjan», concluyó.
El objetivo, según plantea el texto, es cerrar un vacío legal en la Argentina y colocar los derechos de los niños en el centro del ecosistema digital, frente al avance de tecnologías que evolucionan más rápido que los mecanismos de protección.
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