El combate contra el crimen organizado y el narcomenudeo sumó un debate central en la Unicameral cordobesa. Este miércoles, la Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas, puso en tratamiento el proyecto de ley 46849 impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial. La iniciativa busca regular la intervención estatal sobre bienes muebles e inmuebles que funcionen como «guaridas, aguantaderos o búnkers» y modula cambios clave en la Ley N.º 10.067 de Lucha contra el Narcotráfico. El encuentro contó con la exposición del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y de diversos legisladores oficialistas que defendieron la urgencia de la medida.
Al respecto, el legislador Leonardo Limia brindó a Hoy Día Córdoba precisiones sobre el espíritu de la norma y el marco de acción que se pretende implementar en el territorio provincial. Según explicó el parlamentario, «básicamente lo que hace esta ley es crear un régimen administrativo por un lado que, a través de procedimientos más rápidos que se llaman intervención tempranas, pueda rápidamente actuar y poder terminar con un búnker o con un aguantadero, librando desde el punto de vista administrativo ante la contratación en función a informes técnicos y también a la emisión de resoluciones fundadas para poder accionar por parte del Estado».
El destino de los bienes y el financiamiento contra el delito
Uno de los puntos que generó mayor interés durante el debate en comisión está vinculado al destino de las propiedades y los recursos económicos que sean decomisados en los operativos, especialmente en aquellos casos complejos donde no se registren propietarios legítimos o se compruebe la complicidad con las bandas delictivas.
Frente a este escenario, Limia aclaró que se mantendrán las garantías vigentes pero con un fuerte vuelco hacia el financiamiento de la seguridad: «Cuando los delitos tienen una cierta complejidad, en Córdoba se utiliza toda la vía judicial. Ya fue importante decidir que una vez que el destino de tanto los bienes como los fondos sean decomisados, se propone en la ley que el 60% de ese dinero sea para la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) destinado a fortalecer esa fuerza con más equipamiento, porque hoy por hoy el delito de estos últimos años también ha crecido en cuanto a la tecnología». El legislador añadió que «el otro 40% va a ser destinado al Ministerio de Justicia para que se utilicen para financiar programas que tengan que ver con la asistencia y el abordaje integral del consumo y el narcotráfico».
Creación de un nuevo registro provincial
La gacetilla oficial detalla que el ministerio de Seguridad funcionará como la autoridad de aplicación y coordinará las acciones junto a la Policía, el Ministerio Público Fiscal y los municipios. Asimismo, se contempla la creación de un padrón especial para asentar las propiedades bajo la lupa.
Al ser consultado sobre si la Provincia ya dispone de un mapeo de estos lugares en la capital, el legislador oficialista admitió que los datos se formalizarán a partir de esta estructura: «Seguramente a nivel del Poder Ejecutivo se informará; hoy en momento ha sido un relevamiento que seguramente lo hay, pero a partir de esta ley también se va a crear un registro con todos estos bienes que va a ser muy importante para tener conocimiento por parte de todas las ciudadanas».
Próximos pasos y plazos legislativos
La intención del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba es no dilatar el tratamiento de la normativa, buscando incorporar algunas de las sugerencias planteadas por las bancadas opositoras en las próximas jornadas de comisión.
Respecto a los tiempos estimados para que el proyecto llegue de manera efectiva a votación en el recinto, Limia anticipó un cronograma inmediato: «Nosotros tenemos la idea de que haya una reunión de comisión más la semana que viene. Algunos legisladores plantean cuestiones que van a ser tenidas en cuenta, así lo expresó el ministro de Justicia -que estuvo con nosotros en la Legislatura- así que seguramente lo trataremos quizás en la siguiente sesión».
