En diciembre de 2024, junto al director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, el presidente Javier Milei anunció el lanzamiento de un “Plan Nuclear Argentino”, que buscaría poner las excepcionales condiciones nacionales en la materia –somos uno de los ocho países a nivel mundial que domina el ciclo nuclear completo- a disposición del objetivo de posicionar al país a la vanguardia de la carrera mundial por abastecer de energía limpia a los centros de datos que requiere la Inteligencia Artificial (IA). Para llevar a cabo el ambicioso plan, en abril de 2025 designó como director de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal encargada de la operación de las tres centrales nucleares argentinas –Atucha I, Atucha II y Embalse- a Demian Reidel, uno de los asesores más cercanos al jefe de Estado.
La primera fase del plan consistía en la instalación de cuatro reactores nucleares modulares pequeños, de 300 megavatios (MW) de potencia cada uno, para un total de 1.200 MW nuevos en el complejo de Atucha, en la localidad bonaerense de Lima –el objetivo era reemplazar al nuevo gran reactor que Argentina venía negociando desde hace años con China, por supuesto desactivado-. Desde entonces, mucha agua corrió bajo el puente pero hubo pocas novedades: Reidel tuvo que renunciar al cargo envuelto en numerosos escándalos de corrupción –que van desde licitaciones truchas para el servicio de mantenimiento de las centrales nucleares al uso de tarjetas corporativas para saldar millonarias deudas personales-, mientras sí avanzaba un proceso inedito de desfinanciamiento del sector que generó un estado de alerta en la comunidad científica nacional, que viene denunciando un panorama marcado por el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la preocupación por los riesgos de pérdida de soberanía sobre tecnologías estratégicas para el país ante la apertura a capitales privados.
Despidos en la CNEA
Las novedades llegaron la semana pasada: el martes, el Gobierno despidió a 61 trabajadores de la CNEA (entre ellos, quince vinculados al proyecto de pequeños reactores modulares CAREM, totalmente abandonado por la gestión libertaria), conflicto que derivó en la ocupación por parte de Gendarmería de las instalaciones del organismo; mientras que 48 horas después el consorcio Meitner Energy -controlado por el empresario iraní Hamid Ansari-, anunció una inversión de US$ 1.200 millones para construir en Atucha un reactor nuclear modular ACR-300, desarrollado con tecnología nacional del INVAP, que fue encuadrado en el «Súper RIGI», el nuevo régimen de grandes inversiones que espera a ser aprobado en el Senado. Según publicó Perfil, el 60% del reactor quedaría en manos del grupo inversor Ansari, mientras que la estatal INVAP conservaría el 40% restante pese a que aportará el desarrollo tecnológico: aunque el «know-how» (conocimiento) y el diseño son argentinos, el control de las decisiones estratégicas, el financiamiento y la gobernanza del proyecto quedarían fuera del país.
Por esa razón, mientras denuncian que la CNEA enfrenta una asfixia presupuestaria crítica -con partidas 58% inferiores a 2023 en términos reales-, la comunidad científica alerta sobre los riesgos de extranjerización de las capacidades nacionales acumuladas durante décadas de inversión pública en ciencia y tecnología. «Tenemos una industria nuclear desarrollada, tenemos instituciones consolidadas, tenemos el dominio del ciclo del combustible, y todo esto ahora se está intentando pasar a manos privadas. Nosotros no nos oponemos a la inversión privada, pero esa inversión tiene que ser una inversión de riesgo, donde realmente el inversor ponga dinero a riesgo y no se lleve sólo la crema», reclamó ayer en Clarín el doctor en física Andrés Kreiner, investigador y responsable de desarrollos de aceleradores en la CNEA.
Reclamo de la Academia de Ciencias
A su vez, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) advirtió que “el deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación de nuestro país”, en un comunicado donde manifestó su “profunda preocupación por el estado del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica”.
“Advertimos con especial alarma sobre dos hechos recientes. En primer lugar, la no renovación de decenas de contratos a personal de la CNEA evidencia, una vez más, la falta de valoración gubernamental hacia el sector. La CNEA es una de las instituciones más prestigiosas de Argentina; su desarrollo nuclear nos ha posicionado en un selecto grupo internacional, destacándose no solo en la generación de energía, sino también en sus aplicaciones para la salud pública. El vaciamiento de la CNEA, impulsado por salarios de indigencia, es parte del desmantelamiento general del sistema”, alertó la ANCEFN, que además apuntó contra el “freno a los ingresos a la Carrera del Investigador Científico del CONICET. Esta medida interrumpe de forma abrupta más de una década de formación universitaria de alta calidad, dejando a doctores altamente calificados sin empleo y forzando una grave fuga de cerebros”. Sumado a ello, la ANCEFN denunció la quita de subsidios de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), “pilar fundamental de la ciencia básica y aplicada”, completó la entidad.
Renuncias en la CNEA
Las reacciones contra los despidos en el CNEA llegaron incluso a la propia dirigencia del organismo: dos gerentes de la propia comisión le reclamaron a su titular, Martín Porro, la reincorporación de los despedidos, mientras otras tres autoridades renunciaron en disconformidad con la medida. “La interrupción de sus vínculos laborales genera un impacto sumamente negativo y un perjuicio directo sobre la operatividad de instalaciones críticas, la continuidad de proyectos de absoluta relevancia para la casa y que atañen a cuestiones estratégicas, así como al cumplimiento de compromisos contractuales vigentes que representan dividendos sustanciales para la Institución”, escribieron el gerente del Área Energía Nuclear, Juan Manuel Ranalli, y el titular de la Gerencia de Combustibles Nucleares, Oscar Edmundo Novara, en la carta enviada a Porro, que hicieron pública, donde también alertaron que “las referidas desvinculaciones resultan contradictorias con los lineamientos de generación de recursos y vectores de exportación, formulados por el Sr. Secretario de Asuntos Nucleares en la Sede Central de nuestra institución, durante la celebración del 31 de mayo de 2026”.
