Cuando un niño, niña o adolescente atraviesa una situación de violencia, uno de los primeros desafíos para el Estado es conocer que aquello está ocurriendo. La posibilidad de que pueda pedir ayuda, que los adultos reconozcan las distintas formas de violencia y que las instituciones sepan cómo intervenir son aspectos complejos pero centrales para garantizar una respuesta adecuada.
En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron un convenio de cooperación destinado a fortalecer las políticas vinculadas con niñas, niños y adolescentes. El acuerdo apunta a que puedan vivir libres de violencia y acceder a servicios especializados de protección y justicia que respondan de manera efectiva y oportuna ante situaciones de vulneración de derechos.
Uno de los ejes principales es ampliar el uso de medidas alternativas al proceso penal y de medidas socioeducativas no privativas de la libertad. También se busca profundizar el enfoque de Justicia Restaurativa, una herramienta que propone una respuesta diferente frente a los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal.
Para entender los alcances del convenio y los desafíos que implica garantizar una respuesta adecuada en momentos tan sensibles, Hoy Día Córdoba dialogó con Ileana Benedito, jueza penal juvenil de 3ª Nominación, y Agustina Olmedo, secretaria general del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Por su parte, la jueza Benedito explicó que el acceso a la justicia debe estar presente incluso antes de que una situación llegue a los tribunales. Pero para la magistrada, una de las principales dificultades consiste en que el Estado pueda tomar conocimiento de lo que sucede. “La primera dificultad ante la situación de una niña, niño o adolescente expuesto a una situación de violencia es cómo podemos conocerla. La comunicación por parte de la persona menor, es una situación difícil en contextos familiares”, comenzó señalando.
Trabajar en la educación de niños, niñas y adolescentes para que puedan reconocer las diferentes expresiones de violencia y conocer sus derechos es para ella, lo primero sobre lo que se debe trabajar. “Sobre todas las formas o expresiones que puede tener la violencia y que tienen derecho a reclamar por una vida libre de violencia. Y los adultos debemos atender ese reclamo”, sostuvo.
Benedito remarcó que esa responsabilidad no puede recaer sobre los propios chicos, y afirmó: “Si no pueden identificar la violencia, se dificulta que los adultos puedan tomar conocimiento. Tampoco se puede poner la responsabilidad de comunicar en la niña o niño. Entiendo que lo necesario, primero, es enseñar”.
En esa tarea, el papel de las familias y de las instituciones educativas resulta fundamental. “Para ello también es indispensable que madres, padres y responsables se ‘eduquen’ sobre las formas de violencia actual”, explicó la jueza, especialmente frente a situaciones que ocurren en entornos digitales y que muchas veces los adultos desconocen.
“En varias ocasiones son los maestros o personal de las instituciones escolares quienes pueden observar la primera alarma. Otras veces, una situación opera como ‘disparador’ en la persona menor para que pueda contar lo que le ha pasado”, indicó respecto de los momentos en los que se activan las primeras advertencias.
La siguiente etapa comienza cuando una de estas situaciones llega al conocimiento de los organismos estatales: se debe investigar, proteger a la víctima y coordinar la intervención para evitar que el paso por las distintas instituciones genere otros daños indirectos.
Según Benedito, “se ponen en funcionamiento mecanismos con distintos fines, como investigación y sobre todo, servicios de protección”. “El Estado a través de los Poderes Judicial y Ejecutivo, coordinan estas herramientas, como ocurre en el Polo Integral de la Mujer. Es un mandato legal, tratar de simplificar los pasos para evitar situaciones revictimizantes para las víctimas”, explicó.
Precisamente, el convenio firmado con Unicef apunta a reforzar esa coordinación, ya que contempla intervenciones integrales y articuladas, respetuosas de los derechos de la niñez y la adolescencia, además del fortalecimiento de los sistemas de información y registros disponibles.
Las violencias menos visibles
La detección de aquellas formas de violencia que pueden permanecer ocultas es sin dudas uno de los principales desafíos. Para la jueza, entre las menos visibles se encuentran la violencia familiar, sexual y de género, además de las situaciones que se producen mediante herramientas digitales.
Sobre este último punto, detalló que el entorno virtual presenta una dificultad particular porque puede quedar fuera de la mirada de los adultos aunque forme parte importante de la vida cotidiana de los adolescentes. “Los límites físicos como las paredes del hogar son insuficientes sin acompañamiento adulto formado. Los responsables deben saber a lo que pueden acceder sus hijas e hijos a través del mundo digital”, advirtió.
La articulación institucional también resulta clave una vez detectado el problema. “Está previsto que la articulación se produzca en forma inmediata, para lo cual los operadores cuentan con distintas herramientas y protocolos a seguir que tienen como primer objetivo la protección de las víctimas”, indicó Benedito y mencionó entre ellas la atención médica y el formulario de denuncia, diseñado para contemplar distintas situaciones y facilitar la comunicación entre quien denuncia y quien recibe la información para poder adoptar medidas urgentes.
Una respuesta diferente al castigo
Otro de los focos del convenio entre el TSJ y Unicef es que busca fortalecer las medidas alternativas y la Justicia Restaurativa en los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal.
La secretaria general del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Agustina Olmedo, explicó que el Programa de Justicia Restaurativa se diferencia de una respuesta penal tradicional porque no coloca al castigo como eje principal, y detalla: “El Programa se constituye como una respuesta pedagógica tendiente a ‘promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño en su art. 40”.
El programa busca generar un proceso reflexivo para que los jóvenes puedan asumir responsabilidad por sus actos y tomar conciencia del daño causado. Se destaca que la propuesta no se limita al adolescente, sino que también procura involucrar a la víctima y a la comunidad. “Como objetivo final se busca que la/el joven no reitere el comportamiento delictivo”, agregó Olmedo.
El abordaje es individualizado y se realiza mediante la escucha activa, buscando identificar las necesidades de cada adolescente. La participación puede tener consecuencias concretas dentro del proceso penal: cuando un adolescente punible acepta incorporarse, sostiene el proceso y lo finaliza con un informe que indique el cumplimiento de los objetivos, el resultado puede incidir en la causa. Si el proceso se encuentra en etapa de investigación, el juez puede disponer el sobreseimiento, si el adolescente ya fue declarado responsable, los jueces pueden decidir no imponer una pena.
Los datos del programa muestran el alcance de esta herramienta en nuestra provincia. Hasta el momento se registraron 59 sobreseimientos totales, 23 instancias de sobreseimiento en trámite y cuatro casos en los que no se impuso sanción penal. Desde la puesta en marcha de la iniciativa, 575 niñas, niños y adolescentes manifestaron su voluntad de incorporarse, mientras que 123 no aceptaron. Actualmente, 220 adolescentes se encuentran en la instancia de abordaje ante Cámara Gesell. Entre quienes finalizaron exitosamente el programa, el 17,2% habría reiterado conductas delictivas. De acuerdo con estos registros, más del 80% no volvió a hacerlo.
Intervención adaptada a cada adolescente
Para Olmedo, la Justicia Restaurativa no está limitada a determinados delitos. “No existen tipos delictivos o conflictiva social donde la Justicia Restaurativa no pueda aplicarse”, sostuvo.
En Córdoba, los principales delitos abordados y finalizados son aquellos contra la propiedad, como robos simples y robos calificados. Sin embargo, esto también responde a que se trata de algunos de los delitos que más cometen los adolescentes.
Por su parte, Benedito explicó que la efectividad de las medidas alternativas depende de diferentes factores. El primero es que las herramientas existan. La Ley 11.035 contempla distintas salidas alternativas y programas de diferente intensidad a cargo de la Senaf, mientras que en el Poder Judicial funcionan el Programa de Justicia Restaurativa y la mediación juvenil restaurativa.
El segundo factor que la magistrada señaló es que es necesario que los operadores utilicen estas salidas. “Es positivo que se den a conocer, sobre todo para los usuarios del sistema de justicia, que deben saber que es una exigencia convencional, cuáles son las consecuencias cuándo funcionan y cuándo no”, afirmó.
Pero también señaló que la tarea exige considerar el contexto en el que vive cada adolescente. “También es importante aplicar estas medidas conforme al contexto real en el cual vive el o la adolescente”, expresó.
Una situación de consumo problemático de sustancias, por ejemplo, puede requerir una intervención prioritaria de los efectores de salud. También puede ser necesario determinar si el adolescente tiene cubiertas sus necesidades básicas o si su familia requiere acompañamiento. “Y así, infinidad de situaciones como personas existen. Desde quienes tienen la ‘suerte’ de tener una familia que los acompañe, hasta chicas y chicos que están solos. Todas las situaciones deben atenderse. El proceso penal es una parte muy pequeña en esa realidad tan compleja, a veces es una consecuencia, a veces causa”, sostuvo a modo de reflexión.
Por ese motivo, la intervención de equipos interdisciplinarios ocupa un lugar central para que las decisiones judiciales puedan responder a cada situación específica. “Las medidas dispuestas en una resolución, requieren además del conocimiento jurídico, la intervención de la interdisciplina, que es la principal herramienta para que el tribunal resuelva conforme una situación real, que permita que esa medida tenga éxito”, explicó.
También se necesita capacidad de adaptación por parte de los operadores. “Los adolescentes no son estáticos, cambian constantemente y este proceso debe ser reconocido y acompañado”, afirmó.
Prevenir y reparar
El convenio entre el TSJ y Unicef plantea profundizar esta perspectiva mediante el fortalecimiento de las medidas alternativas, la Justicia Restaurativa y la coordinación entre organismos. Contempla a su vez la participación en la Red de Jueces y Juezas Comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la generación de estrategias de prevención y sensibilización frente a las violencias.
Para la jueza, el trabajo con adolescentes conlleva la necesidad de comprender que detrás de cada expediente existe una realidad que puede estar atravesada por violencia, abandono, necesidades económicas o ausencia de redes de contención. “Es un trabajo muy vocacional, que en todos los casos deja una huella, a veces más, a veces menos, pero vinculada a situaciones muy dolorosas que las y los operadores deben ver, evaluar, resolver. Es hermoso trabajar con niñas, niños y adolescentes, pero muchas veces se suman sentimientos de impotencia que hay que saber gestionar”, destacó sobre el trabajo de la justicia.
“No se trata de la imagen idealizada que tenemos de niñas y niños, que juegan, van a la escuela y cuentan con una familia que asegura su desarrollo. Se trata de niñas y niños que fueron expuestos a distintas formas de violencia desde tempranas edades, o abandonos, o necesidades y eso han aprendido. Mostrarles otro camino es responsabilidad de los adultos”, concluyó.
La apuesta por la Justicia Restaurativa busca, así, que la respuesta frente a un adolescente en conflicto con la ley penal no se limite a una sanción. La propuesta incorpora la responsabilización, la reparación del daño y la reintegración social como objetivos.
Al mismo tiempo, el acceso a justicia comienza con la posibilidad de detectar una situación de violencia y garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados y protegidos. Para eso, el desafío excede al Poder Judicial: requiere familias, escuelas, organismos de protección, servicios de salud y distintas áreas del Estado capaces de actuar de manera coordinada.
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