El equipo jurídico del mandatario envió un escrito a la comisión parlamentaria encargada de estudiar la acusación constitucional, presentada por la oposición, en el que también cuestionó que la causa toma como base suposiciones, atribuye intencionalidades, confunde fechas y distorsiona reglas claras y precisas” del ordenamiento jurídico chileno.
Así, calificó a los hechos de manifiestamente falsos y mañosamente relatados”, y apuntó a una intención de crear la falsa impresión de que habría privilegiado sus intereses personales sobre sus deberes como presidente”.
En forma mañosa, el texto de la acusación intenta traer al presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el presidente no tuvo participación ni conocimiento alguno”, aseveró la defensa, que argumentó que como es de público conocimiento, desde 2009 Piñera se desligó absolutamente de la gestión y administración de las empresas en las que participaba”.
