Izquierdo es investigadora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, Conicet-UNC) y vive en Tanti, Córdoba. Estudió Biología en la Universidad Nacional de Córdoba sin una vocación activista predeterminada, sino guiada por una curiosidad que la fue llevando desde la ecología pura hacia algo más complejo: entender cómo la sociedad humana transforma, y muchas veces destruye, los ecosistemas que habita.
Lo novedoso del estudio: su Enfoque Metodológico
La minería de litio en el Altiplano argentino lleva años siendo estudiada. Hay decenas de papers, informes y documentos que describen sus impactos: el uso excesivo de agua, los cambios en el paisaje, los conflictos sociales, las implicancias económicas. La ciencia ya tiene muchos datos sobre el tema.
Lo que propone el trabajo de Izquierdo, publicado en la revista Environmental Science & Policy y ahora seleccionado entre las investigaciones más relevantes del mundo, es algo metodológicamente diferente: demostrar que el conocimiento de las comunidades indígenas no es solo un testimonio valioso o un recurso moral para citar en un documento. Es un sistema de información tan riguroso y detallado que puede, y debe, ser incorporado directamente al diseño de políticas públicas.
— Andrea Izquierdo, investigadora del Imbiv, Conicet-UNC
El estudio analizó 113 documentos científicos sobre impactos de la minería de litio y los organizó en 15 categorías: efectos ambientales, sociales y económicos. Luego consultó directamente a cuatro comunidades de Jujuy, Salta y Catamarca, seleccionadas por su diversidad de experiencias y posiciones frente a la minería.
Y es acá donde encontramos como la ciencia describe, por ejemplo, «problemas de disponibilidad hídrica». Mientras que las comunidades describen que el caudal bajó en la vega del norte, que los tanques de sus casas tienen menos presión que hace tres años, que el animal que solía beber en determinado punto del arroyo ya no aparece.
Esa diferencia de precisión no es menor: es la diferencia entre un indicador que nadie puede medir en el territorio y uno que cualquier familia puede verificar desde su propia casa.
La metodología en tres pasos
- Identificación de 15 categorías de impactos socioambientales a partir de 113 documentos académicos sobre minería de litio en el Altiplano.
- Encuestas y diálogo directo con habitantes de cuatro comunidades de Jujuy, Salta y Catamarca, quienes validaron los impactos conocidos y aportaron otros que la ciencia no registraba.
- Traducción a indicadores alineados con los ODS: Los impactos locales se convirtieron en métricas cuantificables y se compararon con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, demostrando que el conocimiento indígena ya contiene, de forma intrínseca, los principios de sostenibilidad que los marcos globales intentan medir.
Además, las comunidades reportaron impactos que ni siquiera aparecían en la literatura científica: atropellamiento de fauna silvestre por el tráfico constante de camiones mineros, o la manipulación de votaciones dentro de las propias asambleas comunitarias. Problemas que no están en ningún “Objetivo de Desarrollo Sostenible” y que, sin embargo, determinan la vida cotidiana de quienes habitan ese territorio.
La novedad, entonces, no es hablar del litio. La novedad es mostrar, con evidencia empírica, que hay una forma de traducir ese saber local a un lenguaje técnico que los organismos internacionales y los Estados puedan incorporar al momento de tomar decisiones, en esta transición energética global. Es un puente metodológico entre lo que saben los pueblos indígenas y lo que necesitan los hacedores de políticas para actuar.
¿Por qué la transición energética tiene que ser justa?
El litio es el mineral que hace posible las baterías de los autos eléctricos y los paneles de almacenamiento de energía renovable. El 46% de las reservas mundiales está en el llamado «Triángulo del Litio», que comprende partes de Argentina, Bolivia y Chile. En otras palabras: está bajo los salares y las cuencas que habitan las comunidades indígenas de la Puna.
El mundo desarrollado necesita ese litio para descarbonizar su matriz energética, frenar el cambio climático y cumplir “los acuerdos de París”. Ese objetivo es legítimo e imprescindible. El problema es quién paga el costo.
Las comunidades indígenas del Altiplano argentino son responsables de una fracción ínfima de las emisiones que causaron la crisis climática. Sin embargo, son ellas quienes ven disminuir sus fuentes de agua, quienes reciben el tráfico de camiones en sus territorios, quienes atraviesan procesos de consulta que, como señala Izquierdo, muchas veces están diseñados para simular participación sin permitirla realmente. Son, en la práctica, los territorios de sacrificio de la transición del Norte Global.
«La transición energética no debe reproducir nuevas formas de degradación ecológica o desigualdad social», dice Izquierdo. Una transición justa significa que la solución a un problema global no puede construirse sobre la exclusión de los más vulnerables. Significa que los que menos contribuyeron a la crisis no pueden ser los que más la paguen.
«El conocimiento indígena ya tiene integrada la sostenibilidad en su cosmovisión. No necesitan que nadie les explique qué es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6.»
— Andrea Izquierdo
El derecho que existe en el papel pero se manipula en la práctica
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina, reconoce el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos indígenas. Esto significa que antes de iniciar cualquier proyecto que afecte sus territorios, las comunidades deben ser consultadas de forma genuina, con información completa y sin presiones, y que su voz debe incidir realmente en la decisión.
En la práctica, cuenta Izquierdo, esto rara vez ocurre. Las agencias gubernamentales, que son justamente las responsables de garantizar este derecho, diseñan procesos que les permiten afirmar políticamente que se consultó a las comunidades, sin que esas comunidades hayan podido opinar de manera sustantiva sobre lo que sucede en sus tierras.
Los mecanismos son variados. Se convocan asambleas bajo condiciones específicas que no favorecen la deliberación real. Los procesos son tan técnicos, tan extensos y tan poco claros en sus objetivos que los propios habitantes no terminan de comprenderlos, lo que genera desconfianza y agobio. En algunos casos, el estudio encontró evidencia de manipulación de votaciones dentro de las propias asambleas comunitarias vinculadas a proyectos mineros.
«Las comunidades no están cerradas a la participación», aclara Izquierdo. «Lo que rechazan son procesos que las excluyen mientras simulan incluirlas.» Cuando los investigadores llegaron a las cuatro comunidades del estudio con transparencia, explicando claramente los objetivos y solicitando permiso a los caciques, encontraron apertura y disposición al diálogo. La resistencia no es al conocimiento: es a la manipulación.
Lo que la minería le hace al cuerpo y a la mente
Los impactos físicos más conocidos de la minería; polvo, contaminación del aire, alteraciones del agua, son los que aparecen en los estudios y en las evaluaciones de impacto ambiental. Pero el trabajo de campo de Izquierdo reveló algo que esos documentos no registran: lo que la minería le hace a la salud mental de las comunidades.
Las personas entrevistadas reportan cuadros de estrés, ansiedad y depresión que no existían antes de la llegada de la actividad minera. Enfermedades que, señala la investigadora, son características de otros estilos de vida y que se están instalando en comunidades que hasta hace pocos años llevaban una existencia tranquila y saludable.
La incertidumbre sobre el futuro de sus territorios, la presión de los procesos de consulta, los conflictos internos que genera la llegada de dinero y promesas de empleo, la sensación de no poder controlar lo que pasa en la tierra donde vivieron siempre: todo eso tiene un costo psicológico que no aparece en ninguna métrica corporativa de Responsabilidad Social Empresarial.
A nivel físico, además del problema hídrico ya descripto, las comunidades mencionan el impacto del ruido y el polvo del tráfico pesado, los accidentes de animales en las rutas, y los cambios en el paisaje que transforman el entorno cotidiano de manera irreversible.
El premio que puede cambiar el alcance de la investigación
El Frontiers Planet Prize es una de las competencias científicas más grandes del mundo en el campo de la salud planetaria. Está basado en el marco conceptual de los «límites planetarios», un modelo desarrollado por el científico Johan Rockström que define nueve umbrales biofísicos, cambio climático, biodiversidad, ciclos del agua, entre otros, que la humanidad no debe cruzar si quiere mantener condiciones de vida estables en el planeta.
El premio busca, específicamente, investigaciones que ofrezcan soluciones prácticas y escalables para mantenernos dentro de esos límites. No alcanza con la excelencia académica: los trabajos deben tener potencial de transformarse en políticas concretas.
En Argentina, la Academia Nacional de Ciencias seleccionó tres artículos para enviar a la competencia internacional. Un jurado de 100 expertos mundiales presidido por el propio Rockström eligió a Izquierdo como «Campeona Nacional 2026 de Argentina», convirtiéndola en una de los 25 científicos del mundo que ahora compiten por el premio final.
No es la primera vez que el Imbiv llega hasta aquí: en 2024, Pedro Jaureguiberry, también del instituto cordobés, fue uno de los tres ganadores internacionales. Ahora Izquierdo y su equipo son los que están en carrera.
Los tres campeones internacionales serán anunciados el 18 de enero de 2027 en Davos, Suiza. El premio para cada ganador es de un millón de dólares, destinado exclusivamente a financiar y expandir la investigación aplicada. Para Izquierdo, ese dinero significaría poder escalar la metodología a más territorios, más comunidades y más políticas públicas.
Argentina entre la normativa ambiental y la concentración de un modelo extractivista
