Tribunales Dos se parece mucho a una pequeña aldea en la que la mayoría de los magistrados y trabajadores se conocen, como mínimo, de vista. Por supuesto, aquellos que llevan mucho tiempo en sus cargos son los más conocidos y, en algunos casos, los más queridos. Un ejemplo es la historia del ordenanza Sergio Guerrero, detenido la semana pasada, acusado de pedir dinero y propiedades a la esposa de un detenido con el pretexto de entregárselo a un juez de ejecución penal y así mejorar la situación de su marido.
Cuando se supo que en el ingreso por calle Artigas dos policías de civil habían detenido a Sergio de la Cuarta (la Cámara del Crimen donde se desempeñaba), la conmoción paralizó sobre todos a sus compañeros de trabajo, responsables de llevar y traer los expedientes por las distintas oficinas. Ni hablar de los jueces que tenían con él una relación de mucha confianza construida hace más de 30 años. De todos modos, esta situación no es nueva. Hace un tiempo fue detenido y condenado Ariel Cejas, un popular kiosquero que tenía su carrito de comida y golosinas en la planta baja, y quien simulaba un «tráfico de influencias» para aprovecharse de los familiares de los imputados y así cobrarles jugosas coimas.
En el caso Guerrero, la víctima ya cansada de tantos pedidos de pesos, dólares y hasta de un inmueble, hizo la denuncia y el fiscal Guillermo Gonzales avanzó con la investigación. En tal sentido, recurrió a la vieja fórmula de marcarle billetes y «hacerle pisar el palito» para agarrarlo con las manos en la masa. La mujer se los entregó en las afuera de tribunales y al ingresar lo estaban esperando para secuestrarle las pruebas de la estafa. El procedimiento funcionó a la perfección y el delito está probadísimo. En el ámbito judicial, se dice que a éste ordenanza le hicieron «la experimental».
