La renegociación de la deuda pública, de cuyo desenlace depende el perfil económico que el país podrá desarrollar durante el mandato de Alberto Fernández, toma velocidad hacia su esperada conclusión el 31 de marzo, fecha en que –según los cálculos del Ministerio de Hacienda- vence la capacidad de pago del país para cubrir los vencimientos contraídos. Si bien el ministro de Economía Martín Guzmán anunció la semana pasada que la propuesta de pago a los bonistas se dará a conocer recién en la segunda semana de ese mes, tomó fuerza en las últimas horas la versión de que el verdadero plan del oficialismo es el de liberarse hasta su finalización en 2023 de la obligación de atender vencimientos con el principal acreedor de la Argentina: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque no se ignora que la negociación será ardua, existen señales que indican que el acuerdo con el organismo internacional saldrá dentro de los parámetros planeados por el Gobierno. Con esa negociación como antecedente, ahora la atención recae en la reacción de los mercados en las semanas venideras, teniendo en cuenta que la oferta de reestructuración a los tenedores de bonos regidos por legislación internacional correría la misma suerte.
En todos los casos, el Gobierno pondrá en la mesa de discusión los números que maneja, que indican que las condiciones de pago pactadas con la gestión de Mauricio Macri son imposibles de cumplir y será necesario cambiarlas. El cronograma de compromisos de pagos de la deuda pública en moneda extranjera redondea, para este año, unos 21.000 millones de dólares entre capital e intereses (14.000 con el sector privado y 7.000 con organismos multi y bilaterales). Para 2021, suma otros 19.000 millones, mientras que en los dos años siguientes pega un fuerte salto por el peso de los vencimientos previstos para la devolución del préstamo al FMI: 31.700 millones a pagar en 2022 y 31.300 millones en 2023. Este cuadro de situación es lo que el gobierno argentino pone en primer plano cuando se sienta a negociar con los acreedores. El mismo planteo se formula en las tres instancias de diálogo abiertas: los bonistas extranjeros, los bonistas locales y el FMI. Sobre este último, el objetivo del gobierno es modificar las fechas de pagos comprometidas por el macrismo, pero partiendo de la base de que el nuevo cronograma resultante de la prórroga, o ‘roll over’ de los vencimientos, deberá arrancar a partir de 2024. Tema del que ya está al tanto la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.
Al mismo tiempo, como parte de su estrategia de alargar los plazos y pagar menos intereses, el Ministerio de Economía buscará hoy canjear el bono Dual Vencimiento 2020 (AF20) en pesos por otros cuatro títulos con vencimiento en 2021, informaron ayer voceros del Palacio de Hacienda. En este caso, los acreedores podrán optar por cuatro instrumentos combinables entre si y que se ajustarán por distintos mecanismos: uno por el Coeficiente de Estabilización de Referencia más 1 %, otro por la tasa Badlar más 100 puntos básicos, el tercero por evolución del tipo de cambio más 4% y un cuarto a una Tasa de Interés Dual. El bono Dual 2020 se emitió en julio de 2018 luego de que el dólar mayorista pasara de $ 25 a $ 27,46 en menos de un mes. El entonces ministro de Hacienda y Finanzas de Cambiemos, Nicolás Dujovne, ofreció al mercado este título para financiarse y renovar vencimientos de deuda.
