Tres grupos de bonistas que dicen concentrar más de un tercio de la deuda argentina anunciaron la presentación de una contraoferta de pago, pero tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro Martín Guzmán rechazaron el planteo.
Los funcionarios advirtieron que será «muy difícil» mejorar el último ofrecimiento, al tiempo que mostraron confianza en arribar a un acuerdo con la mayoría.
En un comunicado conjunto, el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio informaron la decisión de llevar una nueva propuesta para poder llegar a un acuerdo y hasta aseguran que esa iniciativa le permitirá al país ahorrar u$s 35.000 millones.
Poco después, el Presidente respondió a los acreedores y en forma tajante, afirmó: «Es muy difícil hacer una oferta mejor porque ya empieza a poner en riesgo el mañana».
En declaraciones a la TV Pública, Fernández destacó: «Su oferta no es igual a la nuestra, nos demanda más esfuerzo, pero como nosotros queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo».
No obstante, el mandatario aclaró: «Hemos hecho la oferta posible, y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo». El mandatario nacional afirmó que busca «resolver las cosas de tal forma que no haya más problemas con los acreedores y no seguir discutiendo cómo hacemos para pagar».
«Hicimos la oferta posible. Fue un esfuerzo muy grande. No queremos hacer una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables de la Argentina. No les podemos pedir más esfuerzos», agregó el mandatario, al responder preguntas de jóvenes de distintos puntos del país.
Luego, en un comunicado difundido por el Palacio de Hacienda, el ministro agregó que aceptar la contraoferta «significaría someter a la sociedad argentina a más angustia».
«Vemos en ese grupo de acreedores una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta la Argentina», sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda, y estimó que la mayoría de los bonistas aceptará la oferta oficial.
Guzmán indicó: «No vamos a confrontar con nuestros acreedores. No vinimos a pelearnos con nadie sino a resolver un problema enorme en el que se dejó a Argentina. Queremos resolver el problema. Fue con esa vocación que hicimos una oferta definitiva que incluyó nuestro máximo esfuerzo».
«Acá hay un país. Acá hay familias. Hay personas. Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores», afirmó.
Fernández y Guzmán salieron así al cruce de los grupos de bonistas que indicaron que están dispuestos a aceptar la concesión legal de que los nuevos bonos emitidos en el intercambio de los títulos globales existentes se regirán por una versión modificada del contrato de 2016.
Es decir, si bien rechazan la última oferta presentada por el ministro de Economía, están dispuestos a aceptar un cambio legal buscado por la Argentina.
La referencia al contrato de 2016 implica un cambio en la letra chica de lo que habían pedido los grupos de bonistas más duros con anterioridad.
Es que hasta ahora habían solicitado a la Argentina términos más duros en lo legal que implicaban emitir los nuevos títulos bajo los contratos (indentures) de 2005, más estrictos para el país.
El anuncio aumenta también la fuerza de los bonistas, ya que hasta el momento estaban unidos dos de los grupos, el Ad Hoc (dentro del cual está BlackRock) y el Tenedores de Bonos de Canje, pero ahora sumaron ahora al más cercano al Gobierno, al Comité de Acreedores.
Esta nueva iniciativa llega a dos semanas de la fecha fijada por el Gobierno (4 de agosto) para que los acreedores acepten la oferta presentada el 5 de julio último.
En la contraoferta de este lunes, los grupos dijeron que la idea representa «importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos globales existentes se regirán por una versión modificada de la escritura de 2016».
«Nos hemos unido para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores», indicó.
Sostuvieron que su propuesta mejorada «proporcionará el alivio a corto plazo que la Argentina necesita con urgencia».
También aseguraron que «brindará una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital».
Afirmaron que la propuesta «proporcionará el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino hacia una recuperación sostenida».
