En este sentido, Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), aseguró que esa normativa descapitaliza a las empresas y paraliza las inversiones”. Además, el dirigente agregó que este nuevo tributo no diferencia entre patrimonio formado por capital productivo y aquel de carácter financiero, e implica una nueva carga financiera”. Por su parte, los principales dirigentes del país, enrolados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), emitieron ayer un comunicado en el que se muestran en desacuerdo total” con esta propuesta.
El proyecto genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales”, dispara el documento. La iniciativa afecta la propiedad privada al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes como el de Bienes Personales. Incrementa así muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio”, aseveró la entidad presidida por Jaime Campos. Por otra parte, desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) coincidieron en que la norma incrementa la presión impositiva, ya de por sí muy elevada”.
Ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente”, remarcaron, en línea con lo expresado por la AEA. En el comunicado, la cámara consideró que la expansión económica y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen”.
