Tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal y el debate que se generó en torno a la posibilidad de que los bancos reciban dólares no declarados, las entidades financieras solicitaron abrir una instancia formal de diálogo con los organismos de control para ordenar la implementación de la norma y evitar interpretaciones dispares.
La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) inició gestiones ante los reguladores y reclamó la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que integre al Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El objetivo, señalaron, es alinear criterios y definir pautas operativas claras para el sistema financiero.
Desde Abappra explicaron que la nueva legislación introduce cambios estructurales en el régimen penal tributario, lo que impacta de lleno en los procesos de control y cumplimiento que hoy aplican los bancos. En ese sentido, plantearon la necesidad de consensuar una lectura uniforme de las nuevas figuras legales, establecer procedimientos desde el inicio de la vigencia de la ley y brindar seguridad jurídica para mitigar riesgos operativos.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del sistema financiero, trabajando junto a los organismos reguladores para adaptar los marcos de control a la nueva realidad normativa”, expresaron desde la asociación.
En paralelo, fuentes bancarias señalaron que los equipos técnicos continúan analizando el alcance de la ley, a la espera de las reglamentaciones específicas, en particular las que debe emitir el Banco Central.
En una de las entidades advirtieron que, aún con la norma aprobada, el depósito de sumas significativas, por ejemplo, US$100.000 sin respaldo documental, podría activar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), tal como lo exigen las reglas vigentes de prevención de lavado.
En la misma línea, el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que el simple hecho de adherir al régimen simplificado de Ganancias no necesariamente alcanza para justificar el origen de los fondos ante una entidad financiera.
“Dependiendo de la operatoria habitual del cliente, el banco puede pedir explicaciones y, si no resultan suficientes, reportar la operación o incluso cerrar la cuenta”, advirtió, al tiempo que remarcó que la ley no constituye un blanqueo y que es clave aguardar la reglamentación.
Durante el fin de semana, funcionarios del Gobierno alentaron públicamente a los ahorristas a llevar sus dólares no declarados a los bancos. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que las entidades no deberían exigir más documentación que la constancia de adhesión al régimen simplificado y sugirió recurrir al Banco Nación en caso de trabas.
En ese marco, el Banco Nación publicó un mensaje invitando a los clientes a depositar sus dólares, aunque luego fue retirado para evitar confusiones, ya que la reglamentación aún no estaba vigente. Desde la entidad aclararon que continúan brindando asesoramiento y que están preparados para recibir consultas en todas sus sucursales.
Mientras tanto, el sector financiero insiste en la necesidad de reglas claras y consensuadas antes de avanzar, para evitar riesgos legales y operativos en un tema sensible que combina ahorro, impuestos y prevención de delitos financieros.
