El juicio por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. Los fondos beneficiarios del fallo que condenó a Argentina a pagar US$16.100 millones, encabezados por Burford Capital, pedirán declarar al país en desacato. Esto podría derivar en sanciones económicas o administrativas.
El pedido se presentará el jueves 15 de enero ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Los demandantes señalan que Argentina no cumplió con entregar registros de WhatsApp y otros servicios de mensajería de ciertos funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. Según el especialista Sebastián Maril, la mayoría de los funcionarios ya presentó la información, pero al 12 de enero todavía faltaban seis.
El reclamo también busca demostrar que empresas estatales como YPF, Energía Argentina (Enarsa), Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) funcionan como «alter ego» del Estado. Esto significa que, al estar controladas por el Gobierno, sus activos podrían ser embargados como si fueran del propio país.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, voceros oficiales indicaron que “Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes” y que las entregas de información se realizan de manera parcial y periódica, con la colaboración de la mayoría de los funcionarios.
Maril advirtió que, si se declara el desacato, podrían aplicarse sanciones económicas o administrativas, e incluso restricciones para que ciertos funcionarios ingresen a Estados Unidos. La defensa argentina se presentará el 19 de febrero, argumentando que ya se entregó la información del 90% de los funcionarios y explicando los seis casos restantes.
La jueza Preska aprobó el cronograma de los demandantes y fijó una audiencia probatoria para los días 23 y 24 de marzo, donde se evaluarán los argumentos sobre el presunto desacato.
