Córdoba y Santa Fe son, en muchos sentidos, provincias gemelas. Población similar — 3,8
millones contra 3,5 según el Censo 2022 —, estructura agroindustrial parecida, presupuestos
de escala equivalente. Las dos tienen caja de jubilaciones propia, sin transferirla a la Nación.
Las dos construyeron su recaudación sobre el mismo pilar: el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, el tributo que grava la facturación de empresas y comercios en cada provincia.
Y sin embargo, los números cuentan historias distintas.
La presión tributaria efectiva mide lo que el Estado efectivamente recauda en relación al
tamaño de la economía. En Córdoba es del 4,7%, en Santa Fe 4,3% — solo tributos provinciales.
Pero esos números no cuentan toda la historia. Si se agregan los municipios — y hay que
agregarlos, porque la Tasa de Seguridad e Higiene sobre empresas y comercios funciona como
un segundo Ingresos Brutos sobre el mismo contribuyente — la brecha se amplía: 6,2% contra
5,3%. Casi un punto de diferencia. Datos del IERAL de la Fundación Mediterránea, con fuente
en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.
Hasta ahí, un dato incómodo pero manejable. Lo que lo vuelve difícil de ignorar es lo que viene
después.
En los últimos 30 años, los ingresos tributarios propios de Santa Fe registraron mayor
crecimiento real que los de Córdoba — un 78% contra un 67%. La provincia vecina creció más, con menor presión.
No es magia de gestión. Es la señal de que una base imponible menos castigada resiste mejor
— y genera más.
En Córdoba — como en la mayoría de las provincias argentinas — el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos representa más del 80% de los recursos tributarios propios. En Santa Fe la
proporción es similar en estructura, pero con alícuotas sistemáticamente más bajas en las
últimas tres décadas.
La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral — el organismo que coordina el IIBB entre
provincias — registró en 2018 una alícuota promedio ponderada de 2,72% en Córdoba y 2,55%
en Santa Fe.
El IIBB es un impuesto que se aplica sobre la facturación en cada etapa de la cadena
productiva, sin posibilidad de descontar lo pagado en etapas anteriores. No funciona como el
IVA, donde cada eslabón descuenta lo que pagó el anterior y el impuesto recae solo una vez
sobre el consumidor final. Con el IIBB, cada etapa paga sobre un precio que ya incorpora el
impuesto de la etapa previa. En la práctica, el impuesto termina gravando impuesto previo —
acumulado en el precio, invisible para quien lo paga.
Eso tiene una consecuencia directa en la comparación entre provincias. Si Córdoba aplica una
alícuota de 2,72% y Santa Fe una de 2,55%, la diferencia no es de 0,17 puntos en el precio final
— es de 0,17 puntos multiplicados en cada transacción de la cadena. En una industria con
cinco etapas productivas, esa brecha se acumula. Un fabricante cordobés llega al mercado con
una carga fiscal mayor que su competidor santafesino, aunque vendan el mismo producto, al
mismo cliente, en el mismo momento.
Entre 1998 y 2018, la presión tributaria efectiva del IIBB creció un 124% en Córdoba y un 97%
en Santa Fe. La tendencia no se revirtió: en 2024 Córdoba seguía por encima del promedio
nacional de presión tributaria provincial, Santa Fe por debajo.
En 2018, el Consenso Fiscal — el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las provincias
para reducir gradualmente los impuestos más distorsivos — impuso compromisos de baja
gradual del IIBB. Córdoba cumplió en ese momento: fue una de las cinco provincias que redujo
alícuotas sin compensar subiéndolas en otros sectores. Pero en los años siguientes volvió a
subir. Para 2026, con la eliminación de la exención industrial general y la aplicación de la
alícuota del 4,75% a quienes no califican para regímenes especiales de promoción, parte de
aquel ajuste quedó revertido.
Santa Fe, mientras tanto, avanza en 2026 en otra dirección: baja del 30% en IIBB para el sector
industrial que deduce costos de energía, deducción del 100% de los sueldos de nuevos
empleados de la base imponible, eliminación de Sellos para alquileres de vivienda y créditos
hipotecarios.
En economía esto tiene nombre. La curva de Laffer describe el punto en que subir la alícuota
ya no incrementa la recaudación: la base imponible — el universo de actividad sobre el que se
cobra el impuesto — se achica y compensa el aumento de la tasa. Hay evidencia circunstancial
de que Córdoba opera cerca de ese punto en relación con sus pares.
La conclusión no es que Córdoba gobierne mal ni que Santa Fe sea un ejemplo sin matices —
el IIBB al 9% que intentó aplicar a las billeteras virtuales en 2025 mostró que también tiene sus
tentaciones. La conclusión es más estructural: la misma dependencia del IIBB, gestionada con
moderación diferente durante tres décadas, produce resultados distintos. Córdoba tiene el
margen para bajar — lo dice el análisis dinámico — y tiene la urgencia política para hacerlo: el
58% de los cordobeses considera la carga tributaria un problema a resolver, según la encuesta
de Casa Tres.
Un comerciante de la peatonal Rivadavia, un taller metalmecánico de Ferreyra, una pyme de
Villa del Parque pueden enfrentar hoy una carga fiscal mayor que su par santafesino — con el
mismo producto, en el mismo mercado nacional, a igual distancia de Buenos Aires.
El ejemplo está a 200 kilómetros. La decisión, en el Panal.
*Alexis Aguilar es Economista y docente en la UTN FR Villa María.
