La Justicia de Estados Unidos habilitó al fondo Titan Consortium a iniciar pedidos de embargo sobre activos argentinos para intentar cobrar una sentencia de US$ 390,9 millones, vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008. La autorización fue otorgada por la jueza federal Jia Cobb, del Distrito de Columbia, y permitirá comenzar el proceso desde este lunes 28 de septiembre.
La resolución, fechada el viernes 25, considera que transcurrió un plazo razonable desde la orden judicial de pago. Según la magistrada, durante los últimos 21 meses Argentina no habría realizado esfuerzos para cumplir con la sentencia. La medida no implica que ya se haya concretado un embargo, sino que habilita al fondo a buscar activos y presentar los pedidos correspondientes.
El origen del reclamo
El litigio se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, cuando ambas compañías estaban bajo control del grupo español Marsans. El reclamo llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que en 2017 condenó a la Argentina a pagar más de US$ 320 millones, además de intereses y costos.
El laudo quedó firme en 2019 luego de que el tribunal arbitral rechazara el pedido argentino de anulación. Posteriormente, el derecho a reclamar pasó por distintos fondos hasta quedar en manos de Titan Consortium, que desde 2021 recurrió a la Justicia estadounidense para ejecutar la condena.
En diciembre de 2024, un tribunal estadounidense reconoció el laudo y estableció un monto de US$ 390,9 millones, actualizado por los intereses. En julio de este año, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó una apelación argentina y confirmó que el plazo de prescripción aplicable era de 12 años, en lugar de los tres años planteados por el país.
Ahora, con la nueva resolución, Titan podrá avanzar con la identificación de activos argentinos susceptibles de ejecución en Estados Unidos y solicitar eventuales embargos para intentar cobrar la sentencia.
Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que el reclamo no es contra la compañía sino contra el Estado argentino. Además, indicaron que la empresa no posee bienes en Estados Unidos y que los aviones con los que opera vuelos hacia ese país son utilizados bajo contratos de leasing.
El Gobierno, por su parte, analiza las herramientas jurídicas disponibles frente a la nueva etapa del litigio. En el proyecto de Presupuesto 2027 se incluyó una partida global de US$ 1.100 millones destinada al pago de sentencias y laudos de tribunales extranjeros, según informó la prensa especializada.
