El Gobierno nacional apeló el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management. La magistrada federal de Nueva York respondió con una convocatoria urgente a las partes para avanzar sobre la disputa por el supuesto “alter ego” entre la República Argentina e YPF.
La presentación fue realizada ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sin esperar la resolución del pedido de “stay”, lo que busca evitar una orden inmediata de embargo. En el escrito, la defensa argentina señaló que la sentencia viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), el derecho federal y la cortesía internacional. También citó el respaldo previo del Departamento de Justicia estadounidense como antecedente.
El fallo, emitido el 30 de junio, fijó un plazo de dos semanas para transferir las acciones Clase D a una cuenta de custodia del BNYM en Nueva York. El Estado argentino aclaró que no puede cumplir esa orden sin aprobación del Congreso. “Las acciones de YPF sólo pueden entregarse por ley”, recordó Axel Kicillof, autor de la expropiación en 2012.
Jueza Preska ordenó a la Argentina entregar el 51% de YPF a los fondos demandantes
Los fondos alegan que el Estado y YPF son la misma entidad y reclaman información de funcionarios actuales y anteriores para probar injerencia política en la gestión de la empresa. Si se confirmara ese vínculo, podrían extender embargos a otras firmas estatales, como Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y el Banco Central.
En paralelo, Argentina también apeló el fallo por el caso Bainbridge, vinculado al default de 2001, que también ordena entregar acciones de YPF. En ese expediente, se argumenta que aplicar la sentencia violaría la Ley 26.741, que consagra el dominio público de los hidrocarburos.
Según la defensa, la ejecución afectaría derechos de terceros, como provincias y bonistas, y dañaría de forma irreparable el interés público. Además, advierte que no existen antecedentes que avalen la ejecución de activos soberanos en Estados Unidos bajo estas condiciones.
