El Gobierno nacional habilitó al Ministerio de Economía a modificar el recargo que financia los subsidios al gas, lo que podría impactar en las tarifas que pagan los usuarios de todo el país. La medida fue oficializada mediante el Decreto 266/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La normativa establece que la cartera que conduce Luis Caputo, ministro de Economía, podrá aumentar o reducir hasta en un 50% el recargo aplicado sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). En la práctica, el cargo podría pasar del 7,5% actual hasta un máximo de 11,25%.
Este recargo se aplica sobre cada metro cúbico consumido en el país y constituye la principal fuente de financiamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565. El fondo permite sostener tarifas diferenciales para usuarios de regiones frías como la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Desde el Gobierno señalaron que la medida responde a la necesidad de reordenar el esquema de subsidios energéticos y mejorar su administración. También indicaron que el fondo presenta un déficit, por lo que el nivel actual del recargo resulta insuficiente para cubrir la demanda del régimen.
Si bien la norma habilita el ajuste, fuentes oficiales aclararon que no implica una suba inmediata en las tarifas, aunque reconocen que, en caso de aplicarse, podría trasladarse a las boletas del resto de los usuarios.
El régimen de Zona Fría, vigente hasta 2031, alcanza a millones de hogares con descuentos de hasta el 50% en el servicio, en función de su ubicación geográfica.
Reducen subsidios a las garrafas
El esquema de subsidios a las garrafas volvió a quedar en el centro del ajuste energético, con una reducción de la asistencia estatal que impacta en los hogares sin acceso a la red de gas natural.
Según el nuevo esquema, el beneficio pierde peso frente al aumento de costos, lo que implica que los usuarios deben cubrir una mayor proporción del precio final. En Argentina, alrededor del 34,3% de los hogares depende de garrafas, lo que amplifica el impacto de los cambios en el bolsillo.
El recorte se inscribe en una política más amplia de reordenamiento de subsidios, que busca focalizar la ayuda y reducir el gasto público. Sin embargo, especialistas advierten que la medida puede profundizar la pobreza energética, especialmente en sectores de menores ingresos y en zonas sin infraestructura de gas por red.
En este contexto, el acceso a la energía básica vuelve a tensionarse, con un esquema que combina menor cobertura estatal y mayores costos para los usuarios.
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