Mientras el debate sobre la reforma laboral sigue dividiendo aguas en el Congreso y en la opinión pública, un documento elaborado por el Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica (CEPM) de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) propone una alternativa disruptiva: diseñar políticas desde la intersección de intereses entre el sector privado y el Gobierno, con foco en bajar los costos productivos sin afectar derechos laborales ni intereses sindicales.
Según quedó plasmado en uno de los documentos del CEPM, presentado como parte de una serie de iniciativas para incidir en la agenda pública, el enfoque es contundente: no se puede seguir en “la queja testimonial”.
Por ello, la entidad apuesta por una estrategia propositiva, basada en análisis rigurosos y propuestas concretas.
“No queremos ser observadores pasivos del destino de las reformas, ni limitarnos a la queja y la catarsis permanente, y tampoco ejercer un rol meramente testimonial. Queremos contribuir propositivamente a lograr el desarrollo industrial aportando toda la experiencia de nuestros asociados para mejorar la competitividad”, sostuvo el presidente de los metalúrgicos, Gustavo del Boca.
“A tal punto llega el compromiso con el involucramiento activo y la convicción de que podemos incidir de un modo virtuoso, que para lograrlo se tomó la decisión de fundar el Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica, con la asistencia técnica de Economic Trends, a cargo de Gastón Utrera, y el apoyo financiero del Gobierno provincial, a través del Consejo Federal de Inversiones”, añadió Del Boca en declaraciones al diario Perfil Córdoba.
El empresario destacó que lo que se propone son “textos legales concretos, que solucionan problemas importantes para las empresas industriales, y de otros sectores, bajo las premisas de reducir costos de procesos productivos y no afectar derechos de trabajadores”. En ese sentido, enfatizó que “la competitividad se gana con productividad, no con salarios bajos. Queremos salarios altos de nuestros trabajadores, lo que requiere alta productividad, lo que a su vez requiere reformas como las que estamos proponiendo”.
La propuesta parte de un hecho incontrastable: el tipo de cambio real ya no es una herramienta viable para sostener la competitividad industrial. Por eso, el documento sostiene que hay que actuar sobre variables internas –como las cargas regulatorias o laborales– para reducir costos y evitar que el tipo de cambio sea la única tabla de salvación.
El texto detalla seis reformas puntuales, desde la modificación del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo (que se refiere a indemnizaciones por incapacidad) hasta la revisión de los criterios que rigen los incentivos por productividad. También se apunta a reducir la litigiosidad laboral, habilitar esquemas de autoseguro de riesgos de trabajo y permitir reasignaciones internas de personal sin que eso implique riesgo de juicios.
En concreto:
Indemnizaciones por incapacidad: limitar el uso oportunista del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo por parte de trabajadores próximos a jubilarse. Se propone restringir su aplicación a los 12 meses previos a cumplir requisitos jubilatorios.
Cantidad de delegados gremiales: reducir el número máximo permitido (hoy un mínimo) de delegados gremiales por empresa, adaptándolo a la realidad tecnológica actual, sin deteriorar la calidad de la representación sindical.
Litigiosidad laboral por incapacidades: modificar el Baremo (tabla de incapacidades) para eliminar rangos que incentivan juicios. Se plantea crear un comité técnico que defina un nuevo baremo sin márgenes ambiguos.
Competencia en ART: permitir esquemas de autoseguro consorciado a través de entidades gremiales empresarias, para aumentar la competencia en el sistema de riesgos del trabajo y reducir alícuotas.
Incentivos por productividad: evitar que premios y bonos por productividad se transformen en derechos adquiridos por simple habitualidad. Se propone una reforma al artículo 103 de la LCT para mantenerlos como incentivos variables.
Reasignación de personal: flexibilizar el artículo 66 de la LCT para permitir cambios internos en la organización del trabajo sin que sean causal de despido indirecto, cuidando siempre que no afecte condiciones esenciales del contrato.
Todas las propuestas –destaca el informe– buscan resolver problemas reales que afectan la productividad de las pymes sin “tocar derechos adquiridos” ni poner en jaque la representación sindical. La clave, insisten, es actuar con “precisión quirúrgica” sobre los costos que obstaculizan la competitividad, sin fomentar un clima de confrontación.
Además, el CEPM diseñó “gemelos digitales” de distintos procesos productivos (como autopartes, maquinaria agrícola y minería), con los que puede simular el impacto de cada reforma sobre los costos y la rentabilidad. Esto les permite acercarse a las autoridades nacionales con datos duros en mano.
En ese sentido, el documento destaca que las propuestas ya fueron presentadas en distintos ámbitos políticos, sindicales y empresariales, y algunas están en etapa de evaluación legislativa. “El objetivo no es imponer, sino construir consensos. Pero para eso hay que ofrecer ideas viables, medibles y transparentes”, explica Del Boca.
El contexto también apremia: con un gobierno que rechaza nuevas devaluaciones y pretende consolidar una macroeconomía estable, reducir costos productivos es una prioridad compartida entre los empresarios. “El interés común existe. Hay que aprovecharlo”, concluye el documento.
