Los servicios de la empresa de transporte interurbano Grupo FAM comenzaron a normalizarse este viernes luego de que la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) levantara la medida de fuerza tras alcanzar un acuerdo en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba.
El conflicto se había originado por el despido de una trabajadora, cuya reincorporación era el principal reclamo del gremio. Tras la reunión entre las partes, AOITA informó que se logró la reincorporación de la empleada y que también quedaron sin efecto las suspensiones dispuestas por la empresa.
A través de un comunicado, el sindicato destacó que «la unidad y la acción colectiva de los trabajadores hicieron posible este resultado» y confirmó el levantamiento de las medidas gremiales.
«AOITA levantará la medida gremial y el servicio comenzará a normalizarse. Seguimos en alerta y atentos a la situación de la empresa», señaló la Comisión Directiva del gremio.
Denuncias del gremio
Durante la jornada del viernes, los trabajadores realizaron asambleas informativas en las puntas de línea. AOITA calificó como «discriminatorio» el despido de la trabajadora y exigió su inmediata reincorporación. Además, el secretario gremial Claudio Luna denunció un supuesto «hostigamiento a los trabajadores» mediante «suspensiones inventadas y cambios de horarios», situación que, según afirmó, generó un fuerte malestar entre el personal.
El sindicato sostuvo que el conflicto se enmarca en un proceso de vaciamiento de la empresa y aseguró que Grupo FAM pasó de contar con casi 980 empleados en 2025 a alrededor de 100 en la actualidad. Luna también advirtió sobre la incertidumbre respecto de la posible desvinculación de otros 14 trabajadores. Según indicó, a partir de publicaciones realizadas por la propia empresa, esos puestos serían reemplazados por beneficiarios del programa provincial Plan +26.
Asimismo, el dirigente afirmó que la firma reconoció un pasivo superior a los 25.500 millones de pesos y sostuvo que «funciona por inercia», sin una estructura gerencial clara. También denunció la presunta retención de aportes sindicales y de obra social que, según el gremio, no habrían sido depositados. En ese sentido, calificó como «irrisorio» que las indemnizaciones por despidos se afronten con esos recursos.
La postura de Grupo FAM
En un comunicado difundido durante el viernes, la empresa aseguró que el despido se realizó «conforme a la legislación laboral vigente», en el marco del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y afirmó haber abonado la indemnización y las obligaciones legales correspondientes.
Además, rechazó los cuestionamientos del gremio y consideró que la protesta constituía una «persecución gremial abusiva», al sostener que la desvinculación respondía a una decisión de reestructuración interna y no a una vulneración de derechos laborales.
La firma también manifestó su preocupación por las acusaciones formuladas en su contra y aseguró que estas derivan de su decisión de “no acceder a prácticas o exigencias” que considera improcedentes. En ese sentido, sostuvo que se trata de “acusaciones y situaciones” que rechaza por “carecer de sustento”.
