Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Córdoba busca modificar la Ordenanza N.º 13.549 y el Código de Convivencia Ciudadana para hacer recaer sobre las plataformas electrónicas de transporte la responsabilidad económica por los viajes asignados a vehículos o conductores no habilitados. La iniciativa, impulsada por el concejal Diego Casado, de Hacemos Unidos por Córdoba, establece sanciones de hasta $ 246.840.000 para las empresas operadoras y busca evitar que la falta de inscripción municipal derive en la retención del automóvil o en sanciones monetarias para los trabajadores.
«El proyecto concentra la sanción económica por una irregularidad registral exclusivamente en la empresa privada. Con esto se evita que la multa y la extracción del automóvil recaigan sobre el chofer», precisó Casado a Hoy Día Córdoba, remarcando que la iniciativa apunta a consolidar un «doble control» obligatorio entre el Estado municipal y las firmas operadoras para fiscalizar a los conductores y las unidades.
En ese marco, la propuesta dispone que, cuando la única irregularidad constatada sea de carácter puramente registral —como la falta, vencimiento o ausencia de validación de la inscripción municipal—, la multa se aplique de forma exclusiva a la empresa. Por su parte, el conductor y el propietario recibirán una intimación para cesar el viaje en curso y regularizar su situación en un plazo de 30 días corridos, sin sufrir el acarreo del vehículo.
Asimismo, el proyecto contempla un fin al traslado del auto al depósito por fallas registrales, limitando la retención preventiva únicamente a causales vinculadas a la seguridad vial o documentación grave. Entre ellas se destacan la falta de licencia de conducir válida, la ausencia de seguro obligatorio, la Inspección Técnica Vehicular (ITV) vencida o rechazada, o maniobras de suplantación de identidad.
Al fundamentar la necesidad de estas exigencias, Casado explicó que el objetivo central es «el control del control, la obligación de la empresa de cumplir con la normativa» y verificar aspectos clave como que los vehículos tengan menos de 10 años de antigüedad o que los choferes no posean antecedentes. «La idea es cuidar a la gente, cuidar a las hijas, a las mujeres y a los hombres que son transportados», sostuvo el concejal.
Control obligatorio y esquema de sanciones
Por otra parte, la iniciativa impone nuevas obligaciones técnicas a las aplicaciones de transporte. Las empresas deberán verificar la vigencia de las habilitaciones de choferes y unidades antes de activar una cuenta y antes de despachar cada viaje, bloqueando de manera automática la recepción de solicitudes cuando detecten irregularidades. Al respecto, Casado enfatizó que se busca que las plataformas «controlen de manera taxativa lo que deben controlar, lo que hoy no está sucediendo».
En cuanto al esquema sancionatorio, las multas por la asignación irregular de viajes oscilarán entre 1.000 y 3.000 Unidades Económicas Municipales (UEM) por constatación —equivalentes a entre $ 16.456.000 y $ 49.368.000—, elevándose a un rango de 2.000 a 5.000 UEM en casos de reincidencia o incumplimiento sistemático. Para las plataformas que operen sin habilitación municipal, la sanción variará de 3.000 a 15.000 UEM, junto a la orden de cese de actividad.
A su vez, el texto contempla suspensiones de la app de 30 a 180 días e inhabilitaciones de hasta dos años o definitivas ante la acumulación de tres sanciones firmes en un periodo de 12 meses. Asimismo, prohíbe de manera estricta que las empresas trasladen o descuenten el valor de las multas a los conductores o propietarios, tipificando esa práctica como una infracción autónoma.
Auditoría, diálogo y plazos de implementación
Con el objetivo de garantizar la fiscalización municipal, la propuesta exige a las firmas guardar los registros de viajes y validaciones durante un plazo de 24 meses, facilitando información trazable ante requerimientos del municipio.
De acuerdo con el proyecto, una vez reglamentada la norma, las plataformas dispondrán de 30 días corridos para adecuar sus desarrollos tecnológicos y contratos. En paralelo, la Autoridad de Aplicación pondrá en marcha un programa especial de asistencia digital de 60 días para acompañar el proceso de formalización e inscripción de los trabajadores, buscando ordenar el sistema sin resentir la prestación del servicio en la ciudad.
Consultado sobre la relación con empresas como Uber o Cabify, Casado indicó que si bien aún no mantuvieron reuniones formales, la vía del diálogo permanece abierta. «Si ellos quieren preservar el negocio y garantizar que el transportado lo haga en óptimas condiciones, no tendrían que tener ningún inconveniente», concluyó, remarcando que «si una de las personas que transporta a un ciudadano genera un problema, ya es un problema para la sociedad».
Con esta propuesta, el debate en el Concejo Deliberante de la capital provincial busca marcar un nuevo precedente en la regulación de la movilidad urbana. De aprobarse la iniciativa, el municipio apuntará a desplazar la presión sancionatoria de los trabajadores hacia las plataformas operadoras, garantizando estándares de seguridad vial y reglas claras para las empresas sin desproteger la fuente de ingresos de miles de familias cordobesas.
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