El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py condenó a cinco años de prisión al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y al exgerente general de Nación Fideicomisos S.A. Néstor Ulloa. El fallo judicial los encontró culpables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en el marco del denominado caso Skanska. La resolución incluyó además la inhabilitación perpetua para ejercer funciones en el Estado.
La sentencia dictada por los magistrados coincidió con la pena que requirió el fiscal federal Abel Córdoba durante la etapa de los alegatos. La investigación penal representó el primer expediente por hechos de corrupción estatal que afectó de manera directa a las gestiones gubernamentales del kirchnerismo.
El origen del proceso judicial se remonta al año 2004, cuando la firma sueca obtuvo la adjudicación civil para ampliar los gasoductos norte y sur destinados al transporte de gas natural. Las sospechas sobre sobreprecios derivaron en una denuncia que avanzó a partir del hallazgo de una auditoría informática interna.
El síndico de la compañía privada Claudio Corizzo grabó de forma oculta una conversación con el entonces gerente comercial de la constructora Javier Azcárate. En dicho registro de audio, el directivo de la corporación admitió el desembolso de retornos ilegales y la utilización de facturas apócrifas para dar cobertura contable a los desvíos financieros.
El derrotero en los tribunales federales
El expediente sufrió idas y vueltas regulatorias después de que la Cámara Federal declarara la nulidad inicial de la grabación por haberse obtenido sin consentimiento. Tras un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal validó el elemento probatorio en 2016 y reactivó las indagatorias.
El juez de instrucción Sebastián Casanello procesó nuevamente a los sospechosos institucionales. Posteriormente, en 2019, el magistrado elevó las actuaciones a la instancia de juicio oral bajo la acusación del fiscal Carlos Stornelli.
El debate público definitivo comenzó en abril de 2024 con un total de 30 personas imputadas en el banquillo de los acusados. La fiscalía de juicio solicitó condenas concretas para 13 involucrados en septiembre del año pasado, mientras que los 17 civiles restantes resultaron absueltos.
Las responsabilidades de la maniobra
La resolución judicial validó la hipótesis fiscal que ubicaba al exministro como la pieza central de la estructura de recaudación de fondos públicos. El Ministerio Público acreditó el rol de conducción que ejerció el principal responsable de la cartera de obras durante el período analizado.
«No solo tenía jerarquía formal, sino que tenía una posición determinante coordinando el conjunto de los aportes por lo que sostenemos en todo momento tuvo el dominio final del plan de acción en su totalidad», argumentó el fiscal Córdoba al describir el accionar de De Vido.
Por último, el requerimiento del acusador estatal incluyó solicitudes de penas de cuatro años y seis meses de prisión para ocho exmiembros del directorio de la constructora multinacional. En tanto, los intermediarios Alfredo Greco y Adrián López recibieron pedidos de cuatro años de encierro por su participación activa en la confección de los comprobantes comerciales falsos.
