La discusión paritaria entre el gobierno provincial y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) parece empantanada, luego del paro del jueves pasado. Aunque en el Centro Cívico están pergeñando una tercera oferta con aumentos por adelanto de inflación, para tratar de que pase el exigente filtro de la asamblea departamental docente.
El miércoles pasado, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, le presentó la segunda propuesta salarial a la junta directiva del gremio, encabezada por Roberto Cristalli.
La primera oferta había recibido un amplio rechazo, el 25 de febrero pasado, en la asamblea provincial docente, en la cual votan 133 delegados de los 26 departamentos. El segundo ofrecimiento fue rechazado directamente por la cúpula de la UEPC, sin ni siquiera intentar bajarlo a la asamblea provincial. Además del rechazo, el gremio docente ratificó el paro de 24 horas, que se cumplió el jueves.
El antecedente inmediato de los últimos días, rechazo de la oferta y paro, muestra una negociación trabada. Sin embargo, tanto en la Provincia como en la conducción de la UEPC provincial, creen haber encontrado una luz al final del túnel: aumentos por adelanto de inflación.
Para el gremio puede ser la salida de una negociación paritaria complicada. Aunque los funcionarios llayoristas deben afinar el lápiz y ofrecer un porcentaje mayor al 5% que pusieron sobre la mesa. Cuando Cristalli habló de “algunos avances” en la negociación se refirió a esta estrategia de adelantar aumentos por inflación, reveló el diario La Voz del Interior.
Aunque en el Centro Cívico hay mucha reserva con el tema, trascendió de manera informal que la nueva propuesta se podría explicar del siguiente modo: un aumento del 6% con el salario de febrero, que sería un adelanto de la inflación del trimestre febrero-marzo-abril.
En abril se evaluará el comportamiento de la inflación de esos tres meses. Si fue mayor al 6%, la Provincia pagará ese resto en el salario de abril. Si la inflación fue menor al 6%, se restará del próximo período de evaluación, que será mayo, junio y julio. Esta estrategia se repetiría en el segundo trimestre. Es decir, que en el caso de aceptar este acuerdo, los docentes podrían llegar a julio, con un aumento del 12%.
A eso se suma el pago de un bono no remunerativo en febrero de 100.000 pesos, para los maestros que cobran el salario testigo, con 20 horas semanales en las aulas. Además, se mantendrá el ofrecimiento para los cargos directivos, que percibirán un no remunerativo de 150.000 pesos. En este caso el pago será mensual, no una única vez como el resto de los docentes.
Los funcionarios llaryoristas argumentan que con este pago no remunerativo para los directivos, se evita el “achatamiento” de la pirámide salarial de la carrera docente.
Este posible ofrecimiento del 6% para febrero es un aumento que la UEPC mira con buenos ojos, en el proceso que luego pase el filtro de la numerosa asamblea provincial. El gobernador Llaryora aún no le dio el visto bueno al secretario General de la Gobernación para confirmar esta tercera propuesta.
A la última decisión la tomará el gobernador, luego de recibir un informe del ministro de Economía, Guillermo Acosta. Aunque algunos funcionarios llaryoristas admiten que una oferta de estas características tendría muchas chances de ser aprobada.
Otros puntos de discusión
Además de aumento porcentual y los pagos no remunerativos, hay otros aspectos que están dentro de la áspera negociación. La UEPC exige que se garantice para todo el año el pago del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que el Gobierno provincial se hizo cargo, luego de que la Nación eliminó este desembolso.
La Provincia ofrece la garantía de pagarlo hasta junio. El gobernador Llaryora se mantiene en su postura de que los docentes deben exigirle a la gestión nacional libertaria que reponga ese fondo.
De allí, la decisión de comprometer el pago sólo hasta junio. El Fonid representa para las arcas provinciales un gasto de 6.500 millones de pesos mensuales. Es el 8% del salario de los docentes cordobeses.
En esta exigencia del gobernador hay una cuestión política: Llaryora quiere que los docentes incluyan a la Nación en la discusión y los reclamos salariales.
Nadie cree que el presidente Milei vaya a retroceder y volver a pagar el Fonid. Aunque Llaryora se niega a que los docentes cordobeses tomen al Fonid, que de origen fue un fondo nacional, como un derecho adquirido provincial.
Para los docentes, lo que sí es un derecho adquirido es el Boleto Educativo Gratuito. En el Centro Cívico admiten que este beneficio no se puede quitar, pero creen que el gremio y los propios maestros no le dan la importancia que tiene en sus bolsillos.
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