WASHINGTON.- El informe pone cifras concretas a una situación que vienen denunciando activistas, abogados y políticos: en el momento de la inspección (semana del 10 de junio), la Patrulla Fronteriza mantenía detenidas a 8.000 personas (3.400 llevaban detenidas más de las 72 horas admitidas legalmente como límite). Además, había 2.669 menores de edad apresados en estos centros provisionales de la frontera, la mayoría de los cuáles no estaban acompañados. Uno de los mandos entrevistados calificó a la situación como “una bomba de relojería”. “Hemos observado un hacinamiento grave y detención prolongada de menores inmigrantes no acompañados, familias y adultos solos”, definió el informe que reclamó “acciones inmediatas” para paliar la situación.









