La crisis política y social en Bolivia atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de una nueva jornada de enfrentamientos, bloqueos de rutas y movilizaciones en distintos puntos del país, mientras el ex presidente Evo Morales volvió a ubicarse en el centro del conflicto tras la toma del aeropuerto de Chimoré por parte de sus seguidores para impedir una eventual detención.
La tensión se profundizó este sábado en el departamento de La Paz, donde policías y militares avanzaron con el operativo denominado “Corredor Humanitario”, impulsado por el Gobierno para despejar carreteras bloqueadas por sectores afines al ex mandatario. Sin embargo, el despliegue derivó en violentos enfrentamientos, especialmente en las zonas de Huajchilla y Lipari, donde manifestantes respondieron con explosivos caseros, dinamita y piedras contra las fuerzas de seguridad.
Según medios bolivianos, el contingente policial y militar logró avanzar durante varias horas sobre la doble vía entre La Paz y Oruro, retirando algunos puntos de bloqueo, aunque finalmente debió retroceder sin liberar completamente la ruta. El comandante de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, explicó que el repliegue buscó evitar un enfrentamiento directo con la marcha evista que avanza hacia la capital boliviana.
En paralelo, el Gobierno denunció la “toma ilegal” del aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, donde organizaciones afines a Morales bloquearon los accesos con piedras, ramas y otros elementos para impedir una eventual captura del ex mandatario, quien enfrenta procesos judiciales y órdenes de detención por presuntos delitos graves.
Desde el sector evista, justificaron la ocupación como una medida de defensa política. El dirigente intercultural Teófilo Sánchez aseguró que impedirán cualquier intento de arresto de Morales “aunque cueste vidas”, una declaración que profundizó la preocupación por la creciente polarización y el riesgo de una escalada de violencia.
La Defensoría del Pueblo informó que hasta este sábado se registraban 57 detenidos entre arrestados y aprehendidos durante los operativos de desbloqueo, además de civiles y policías heridos. Entre los lesionados figura un efectivo policial afectado por explosivos de dinamita, mientras trabajadores de prensa denunciaron agresiones durante la cobertura de los incidentes.
Uno de los casos reportados fue el ataque a un equipo del canal Radio Televisión Popular, cuyo vehículo fue apedreado por manifestantes. Además, el periodista Vladimir Rojas, de la red Unitel, resultó herido tras caer durante la cobertura y luego fue retenido durante varias horas, según denuncias de medios locales.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica solicitaron la apertura de “corredores humanitarios” para garantizar el paso de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible, e instaron a las autoridades y sectores movilizados a abrir espacios de diálogo efectivo.
Mientras tanto, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, endureció su discurso y denunció intentos de “desmontar” el sistema democrático mediante protestas y bloqueos impulsados por sectores que exigen su renuncia.
Durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026: Democracias bajo presión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el mandatario sostuvo que el proceso político boliviano es “irreversible” y advirtió consecuencias legales para quienes intenten quebrar el orden institucional.
“Esos que desde el pasado intentan destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, afirmó Paz en una de las declaraciones más severas desde el inicio de su gestión, hace apenas seis meses.
Las protestas, sin embargo, continúan creciendo. La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, además de organizaciones indígenas, maestros y cooperativistas mineros, intensificaron las movilizaciones y bloqueos para exigir la salida del mandatario. A esto se suma una marcha de centenares de seguidores de Morales que se aproxima a La Paz y prevé llegar el lunes para reclamar la renuncia presidencial.
El Gobierno boliviano acusó además a Morales de encabezar un supuesto “plan macabro” para romper el orden constitucional, presuntamente financiado por el narcotráfico, acusaciones que el expresidente rechazó públicamente.
En medio de la crisis interna, Morales también generó repercusión internacional al cuestionar con dureza a Israel por opinar sobre la situación boliviana. El ex presidente negó cualquier legitimidad moral del Estado israelí para pronunciarse sobre asuntos internos del país sudamericano, reforzando así su histórica postura crítica hacia ese gobierno.
La creciente conflictividad ya despertó preocupación regional. En un comunicado conjunto, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú expresaron alarma por la situación humanitaria y rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” en Bolivia.
Los ocho países reiteraron además su solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y exhortaron a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto institucional y la preservación de la paz social.
Con bloqueos de rutas, enfrentamientos, presión callejera, denuncias cruzadas y un Evo Morales cada vez más activo políticamente, Bolivia enfrenta un escenario de alta incertidumbre que amenaza con profundizar aún más la inestabilidad institucional y social del país.
