El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de ex diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 anunciaron este martes que iniciarán el próximo 1° de agosto una agenda de trabajo conjunta para impulsar reformas democráticas y promover la recuperación institucional del país, en medio de la crisis provocada por los terremotos del 24 de junio.
El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó que, «a los efectos del fortalecimiento de la democracia», comenzará una «hoja de trabajo conjunta» con ex miembros del Parlamento del período 2015-2020.
En un comunicado, Rodríguez explicó que la iniciativa forma parte de la convocatoria a la unidad nacional para afrontar las consecuencias de los devastadores sismos, que dejaron miles de víctimas, y avanzar en la reconstrucción del país.
Asimismo, destacó el respaldo recibido por Venezuela desde la comunidad internacional y sostuvo que solo mediante la cooperación será posible consolidar la paz y la recuperación nacional.
Las conversaciones entre ambas partes habían comenzado el 18 de junio, cuando Rodríguez mantuvo una reunión con Dinorah Figuera, quien encabeza la representación simbólica de la Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora y reconocida por Estados Unidos. Sin embargo, el proceso quedó interrumpido tras los terremotos registrados el 24 de junio.
Por su parte, el bloque opositor confirmó que a partir del 1° de agosto se pondrá en marcha una «hoja de ruta» para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, con el objetivo de abrir «una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades».
Según el comunicado, la prioridad será fortalecer las instituciones democráticas, reformar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política.
Figuera aseguró que existe «el compromiso y la voluntad política» de impulsar una agenda técnica y política bilateral que permita avanzar en la recuperación de la democracia en Venezuela.
Entre el diálogo político y la desconfianza ciudadana
Pese al anuncio de una agenda conjunta entre el chavismo y sectores opositores, parte de la ciudadanía venezolana mantiene dudas sobre el alcance real del proceso y desconfía de las intenciones del Gobierno. Patricia Ascanio, una ciudadana venezolana que reside en Córdoba consultada por Hoy Día Córdoba, expresó su escepticismo y afirmó: «Al régimen no se le cree nada. No quieren elecciones y esas mesas de diálogo no llevan a nada».
En esa línea, Ascanio cuestionó la legitimidad del actual liderazgo venezolano y afirmó que «nadie votó por ella», en referencia a la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Además, consideró que el acercamiento entre Washington y Caracas responde principalmente a intereses económicos: «Trump se sienta con ellos por el petróleo de Venezuela», señaló.
Más allá de las disputas políticas, la ciudadana también puso el foco en el manejo de la ayuda humanitaria y expresó sus dudas sobre la transparencia del proceso. «Se están quedando con la ayuda internacional», sostuvo, al reclamar mayores garantías sobre el destino de los recursos enviados al país.
Las dudas expresadas por Ascanio coinciden con los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, que también han pedido mayor transparencia y mecanismos de supervisión sobre la ayuda humanitaria que ingresa al país.
Reclaman transparencia en la ayuda humanitaria
En este sentido, al menos 15 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Gobierno de Estados Unidos que interceda ante las autoridades venezolanas para garantizar la transparencia en la distribución de la ayuda humanitaria enviada tras los terremotos, que hasta el momento dejaron 4.734 muertos y 29.872 personas siguen sin estar localizadas.
En una carta dirigida al Departamento de Estado, las organizaciones reclamaron «plena transparencia y rendición de cuentas» sobre los recursos que ingresan al país, incluyendo la publicación periódica de la asistencia recibida, su origen, destino, beneficiarios y responsables de su distribución, además de mecanismos de verificación independientes.
Los defensores de los derechos humanos también pidieron que la ayuda sea distribuida únicamente en función de las necesidades, sin discriminación y con la participación activa de organizaciones independientes de la sociedad civil.
Entre los firmantes figuran la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), WOLA, Provea, Transparencia Venezuela, Acceso a la Justicia, Cecodap, Civilis, Cedice y Laboratorio de Paz, entre otras organizaciones.
Además, las ONG reclamaron a Washington que impulse una respuesta humanitaria liderada por autoridades civiles y no militares, luego de que el Gobierno venezolano designara al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán Quintero, como máxima autoridad para gestionar la emergencia.
En ese sentido, también cuestionaron que Jorge Rodríguez sea quien informe oficialmente el número de víctimas de los terremotos, al considerar que esa función no corresponde al presidente del Poder Legislativo.
Por último, solicitaron que Estados Unidos promueva la exención temporal de impuestos y aranceles para la ayuda humanitaria, facilite el ingreso de equipos internacionales de rescate y continúe insistiendo en la derogación de la denominada «Ley Anti-ONG» y en el levantamiento de los bloqueos a redes sociales, medios de comunicación y servicios de VPN en Venezuela.
