El Gobierno de Colombia oficializó este martes el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional. La medida entrará en vigencia a partir de este miércoles y permitirá que vuelvan a utilizarse los permisos individuales que se encuentren vigentes.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció la decisión a través de un video difundido en sus redes sociales y la presentó como una de sus principales promesas de campaña. Según el mandatario, el objetivo es evitar que los ciudadanos que cumplen con la ley queden en desventaja frente a los grupos criminales.
“No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, afirmó De la Espriella durante la firma de la nueva normativa.
El presidente aclaró, sin embargo, que la medida no supone una liberalización del porte de armas ni elimina los controles existentes.
“Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, explicó.
La nueva normativa establece que los particulares continuarán necesitando un permiso excepcional otorgado por el Estado para poseer y portar armas de fuego. También permanecerán vigentes los controles y requisitos establecidos por las autoridades.
Los solicitantes deberán acreditar condiciones físicas, psíquicas y emocionales adecuadas y no podrán registrar antecedentes penales.
El decreto restablece de manera inmediata la validez de los permisos individuales que se encuentren vigentes. Sin embargo, no habilita el porte cuando el permiso esté vencido, cancelado, suspendido, revocado o exista una prohibición judicial.
Las autoridades militares deberán adoptar las medidas logísticas necesarias para implementar la reactivación de los permisos.
De la Espriella defendió la decisión y sostuvo que la flexibilización no debería traducirse en un aumento de los delitos cometidos con armas.
“El 99,9 % de los delitos cometidos con armas se cometen con armas que no tienen permiso, con armas ilegales”, afirmó el mandatario.
El fin de una suspensión de casi 11 años
La decisión pone fin a una política de suspensión generalizada que se mantuvo durante casi 11 años y atravesó tres gobiernos.
La restricción fue establecida en diciembre de 2015 durante la administración del ex presidente Juan Manuel Santos. Posteriormente, los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro extendieron la suspensión con el objetivo de reducir la violencia armada.
El último decreto firmado durante el Gobierno de Petro establecía que la prohibición se mantendría hasta el 31 de diciembre de 2026.
El régimen que regula los permisos para el porte de armas en Colombia fue establecido en 1993 y contempla la posibilidad de que cada gobierno suspenda o permita el porte mediante disposiciones específicas.
Durante la vigencia de la suspensión general, los titulares de permisos podían solicitar autorizaciones especiales adicionales por razones de urgencia o seguridad. Con el nuevo decreto, esas autorizaciones extraordinarias dejan de ser necesarias para quienes ya cuentan con un permiso válido.
El argumento del Gobierno: las armas ilegales
El Ejecutivo justificó la decisión con datos sobre el poder de fuego de las organizaciones criminales. Según las cifras presentadas por el Gobierno, las fuerzas de seguridad incautaron 15.700 armas de fuego entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año. De ese total, 14.179 estaban vinculadas directamente con la comisión de delitos.
Las autoridades señalaron además que 980 armas estaban en poder de disidencias de las Farc, mientras que otras 551 fueron incautadas al Clan del Golfo y 339 al ELN.
“Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, afirmó De la Espriella, quien sostuvo que la prioridad de las fuerzas de seguridad será desarmar a los grupos delincuenciales.
Colombia continúa enfrentando la presencia de grupos armados ilegales que disputan territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal, una problemática que persiste una década después de la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc.
De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Defensa correspondientes a 2025, Colombia cuenta con alrededor de 700.000 armas civiles registradas con permisos legales de tenencia y porte.
Cerca del 40 % de ese armamento se concentra en Bogotá, donde las autoridades locales deberán supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
El Gobierno de De la Espriella sostiene que la decisión busca reforzar la capacidad de defensa de los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales, mientras mantiene la persecución sobre las armas que permanecen fuera del sistema de permisos.
