El ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, fue detenido ayer al volver a Brasil desde Estados Unidos, en el marco de la causa por los actos golpistas contra Luiz Inácio Lula da Silva ocurridos el 8 de enero, por la que ahora también es investigado el exmandatario.
Torres, que se encontraba de vacaciones en Florida, fue hasta el domingo pasado secretario de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal y por eso era el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios públicos que fueron invadidos por los seguidores del exmandatario de ultraderecha.
El avión en el que se trasladó el exministro llegó cerca de las 7.30 (hora local y de Argentina) al aeropuerto de la capital, donde era esperado por la Policía Federal (PF), indicaron sus abogados a la prensa.
«Fue detenido al desembarcar en el aeropuerto de Brasilia y encaminado para custodia, donde permanecerá a disposición de la Justicia», informó la PF, que ejecutó un operativo hermético. «Las investigaciones siguen en secreto», agregó la institución.
Su detención se dio cuatro días después de que el Supremo Federal Tribunal (STF) dictara la prisión preventiva del exfuncionario por considerar que los ataques solo pudieron ocurrir «con la anuencia y hasta la participación efectiva de las autoridades competentes de la seguridad pública y la inteligencia». Poco después del arresto, el ministro de Justicia, Flávio Dino, aseguró que los ataques fueron una «acción orquestada».
«La detención de Anderson Torres va en la dirección de identificar esa red que (hizo) posible el atentado terrorista», dijo hoy Dino.
Más de 2.000 personas fueron detenidas por el ataque a las sedes de los tres poderes del domingo pasado y unas 1.100 aún siguen bajo custodia de las autoridades.
Torres, quien regresó a Brasil horas después de que el Gobierno anticipara que iba a pedir su extradición a Washington si no volvía antes del lunes, deberá comparecer a su primera audiencia ante la Justicia, que lo investiga por presunta «omisión y connivencia» durante el asalto a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del pasado domingo.
Si bien niega las acusaciones en su contra, su situación se ha visto comprometida en las últimas horas tras la filtración de un informe de inteligencia previo a los ataques que alertaba sobre la intención de simpatizantes de Bolsonaro de «practicar actos de violencia», informó el diario Folha do Sao Paulo.
El documento, que fue remitido a Torres el pasado 6 de enero, advertía de una «alarmante» concentración de manifestantes llegados de otros puntos del país para una «toma del poder» y la «invasión del Congreso» para ocupar «los órganos públicos que representan a los tres poderes» y «sitiar» Brasilia, consignó la agencia de noticias Europa Press.
Según el ministro de Justicia, el dispositivo de seguridad capitalino fue alterado horas antes de la manifestación de tal forma que se redujo significativamente el número de efectivos policiales desplegados en la Explanada de los Tres Poderes.
Además, Torres deberá responder ante las autoridades por un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron a Lula, hallado en su casa el pasado martes durante un allanamiento policial. El propio Torres admitió la existencia del documento que «iba a ser triturado oportunamente en el ministerio».
En su cuenta de Twitter, el exministro escribió que el papel «fue filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces» en su contra, y remarcó que tiene «la conciencia tranquila» y que respeta la democracia.
El texto, de tres páginas, es una minuta de un decreto para que el entonces presidente Bolsonaro pudiera instaurar el estado de defensa e intervenir el Tribunal Superior Electoral (TSE), en busca de revertir el resultado de las elecciones que ganó Lula. El cerco también empieza achicarse en torno a Bolsonaro, luego de que un juez del STF decidiera incluirlo en la investigación que busca a los instigadores y autores intelectuales de los actos golpistas en Brasilia.
La decisión fue adoptada ante una solicitud de la Fiscalía, que había citado como material probatorio un video que el expresidente subió a sus redes sociales el 10 de enero y borró un día después, en el que cuestionaba su derrota en las elecciones de octubre.
«El pronunciamiento del expresidente de la República, Jair Messias Bolsonaro, se reveló como otra ocasión en la cual se posicionó, en principio, de forma criminal y atentatoria contra las instituciones», dijo el magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes en su decisión.
La Fiscalía, que abrió hasta el momento siete investigaciones para determinar la responsabilidad sobre el asalto a las instituciones, también pidió medidas urgentes a la empresa Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) para que recupere el video, ya que Bolsonaro lo borró.
La defensa de Bolsonaro, en una nota enviada a la AFP, negó cualquier participación en los hechos vandálicos en Brasilia. «Él (Bolsonaro) jamás tuvo relación o participación en estos movimientos», dijeron los abogados del exmandatario, quienes responsabilizan de la asonada a «infiltrados».
El pedido de interrogatorio de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, será analizado «oportunamente», escribió en su fallo De Moraes.
«Tanto el video, como el documento (en casa de Torres) constituyen pruebas para una investigación. Si la corte suprema entiende que son pruebas necesarias para un pedido de extradición, pueden pedir por lo menos que regrese a Brasil para rendir cuentas», dijo la profesora de derecho de la Universidad de Sao Paulo Carla Junqueira.
Bolsonaro continúa en Florida y su presencia comenzó a ser cuestionada por algunos políticos estadounidenses luego de que las violentas imágenes del ataque a Brasilia dieran la vuelta al mundo y fueran comparadas con la invasión al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Por ahora, las autoridades no han iniciado trámites internacionales, según expresó Dino.
