El Reino Unido ratificó este viernes su posición sobre las Islas Malvinas y respaldó a las empresas y particulares que desarrollan actividades comerciales en el archipiélago, en medio de la disputa con Argentina por la explotación de recursos naturales.
La postura fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, quien sostuvo que las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Según el Gobierno británico, ese derecho está vinculado con la autodeterminación de los habitantes de las islas.
El pronunciamiento se conoció después de que el Gobierno argentino intensificara sus advertencias a compañías y personas que suministran bienes y servicios, de manera directa o indirecta, a las Malvinas, especialmente en actividades relacionadas con el sector energético.
Londres afirmó que su Gobierno y su red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y particulares y consideró «inaceptables» las acusaciones y medidas impulsadas por Argentina. También sostuvo que existen oportunidades para las compañías interesadas en desarrollar actividades económicas en las islas.
La guía británica sobre los recursos de Malvinas
La declaración se suma a una guía publicada por el Gobierno británico el 15 de septiembre, destinada a empresas y particulares que realizan actividades económicas en las islas o les suministran bienes y servicios.
El documento señala que Londres respalda la actividad económica en el archipiélago y el desarrollo de sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. También sostiene que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por la legislación local.
La guía agrega que el Gobierno de las Islas Malvinas es responsable de regular la actividad económica y que las decisiones sobre el desarrollo de los recursos corresponden a las autoridades isleñas y a las empresas involucradas.
La respuesta de Argentina
La Cancillería argentina rechazó la guía británica y anunció una profundización de las medidas contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las áreas bajo disputa de soberanía.
El Gobierno argentino sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional y considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.
En ese marco, la Cancillería informó que envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países y que inició 60 procedimientos administrativos.
La posición argentina se apoya, entre otras normas, en las leyes 26.659 y 26.915, que establecen sanciones para personas y empresas que participen en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
El proyecto Sea Lion
Uno de los puntos centrales de la disputa es el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y vinculado con las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La Cancillería argentina informó esta semana que, ante los avances anunciados por las empresas, citó a los embajadores del Reino Unido e Israel y entregó notas de protesta formal. El Gobierno argentino también cuestionó las licencias, la búsqueda de proveedores y otras medidas relacionadas con el proyecto.
El Reino Unido, en cambio, sostiene que las actividades económicas y el desarrollo de los recursos naturales de las islas forman parte del derecho de sus habitantes a decidir sobre su economía y que continuará respaldando al Gobierno de las Malvinas en ese sentido.
La disputa por los recursos naturales y los hidrocarburos se mantiene así como uno de los principales puntos de tensión entre ambos países, dentro de la controversia de soberanía sobre el archipiélago.
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