El juez y exministro Sérgio Moro fue procesado por un magistrado de Brasilia que lo llevó a un juicio por el que puede ser condenado a resarcir al Estado por los daños económicos causados a la estatal petrolera Petrobras y en general a Brasil, llevando a la quiebra empresas, por su actuación en la operación anticorrupción Lava Jato.
La causa fue abierta por el juez federal Charles Frazado de Morais, de Brasilia, que recibió una acción judicial colectiva presentada por los diputados federales del opositor Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente y candidato Luiz Inácio Lula da SIlva, quien pidió que Moro cuente con el derecho de defensa y la presunción de inocencia que él no tuvo. Moro, en la decisión, es calificado de «reo», es decir, que será sometido a proceso y al juicio en primera instancia.
La denuncia lo acusa de haber «manipulado a la mayor empresa brasileña, Petrobras, para usarla como instrumento de sus intereses personales» ya que «la perturbación en la compañía afectó a toda la cadena productiva y mercantil brasileña, principalmente al sector de hidrocarburos».
El exjuez y exministro de Jair Bolsonaro está buscando ser candidato a senador por el estado de San Pablo en las elecciones del 2 de octubre, luego de haber desistido de presentarse como aspirante a la presidencia.
Moro condujo desde marzo de 2014 la Operación Lava Jato, que reveló una gigantesca red de corrupción y sobornos entre Petrobras y la empresas constructoras contratistas, una causa por la cual condenó a prisión al expresidente Lula, que por ello quedó fuera de la elección de 2018 que ganó Bolsonaro.
Sus actuaciones fueron declaradas no imparciales por el Supremo Tribunal Federal, y todas las causas contra Lula fueron anuladas por manipulación y lawfare.
Tras la victoria de Bolsonaro, Moro abandonó el Poder Judicial y se sumó al gobierno de ultraderecha como ministro de Justicia, hasta que renunció en mayo de 2020.
«Moro cometió corrupción al violar las reglas del derecho y los principios básicos que fueron violados por la Operación Lava Jato», dijo el abogado Marco Aurelio Carvalho, del grupo Prerrogativas, un núcleo de juristas garantistas opuestos a la doctrina inaugurada en la operación anticorrupción.
Los daños económicos
El juez que lo procesó usó como base de su decisión un estudio de la Universidad Católica de San Pablo (PUC) basado en el instituto del petróleo Ineep, que indica que la Operación Lava Jato retiró 142.600 millones de reales (unos 35.000 millones de dólares) de la economía brasileña al sancionar, además de a los corruptos, a las empresas y obras en marcha.
Este cálculo había sido hecho por el juez de la corte Ricardo Lewandowski, en virtud de la votación en la cual se consideró a Moro parcial en los fallos en contra de Lula.
Según el Departamento Intersindical de Estadística, 4,4 millones de empleos fueron afectados por la decisión de Moro de sancionar los contratos en marcha de las obras públicas.
La acción colectiva de los diputados del PT y abogados de Prerrogativas no habla de cantidad de dinero pedido a Moro pero sí de responsabilizarlo por haber utilizado el Poder Judicial con fines políticos y de esta forma arrastrar hacia la crisis financiera a empresas donde trabajaban los corruptos y corruptores.
La palabra de Lula
Al conocer el procesamiento, Lula afirmó que espera que Moro cuente con el derecho de defensa y la presunción de inocencia que él no tuvo.
«Espero que en esta acusación tenga el derecho de defensa y la presunción de inocencia que no tuve con él de juez. Si es juzgado, que sea con derecho de defensa, que la prensa pueda divulgar las cosas en contra y a favor de él y no con la parcialidad que hicieron las cosas en mi contra», afirmó Lula en declaraciones radiales.
El líder del PT, candidato presidencial favorito a ganar las elecciones de octubre, fue víctima de manipulación de pruebas, intencionalidad política y lawfare por parte de Moro y los fiscales de Lava Jato en el proceso por el cual fue condenado a 8 años de cárcel y por el cual pasó 580 días preso, de acuerdo a la Corte Suprema que luego anuló la causa.
«Personalmente creo que Moro cometió un delito contra Brasil. El daño que este país tuvo con el carnaval que montó Moro es muy grande. Fueron prácticamente 170.000 millones de reales (unos 32.000 millones de dólares), con unas 4,5 millones de personas que perdieron sus empleos. Fue la destrucción de la industria, de la ingeniería civil brasileña», dijo Lula.
Empresas como Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, entre otras, admitieron haber pagado sobornos en contratos en la industria petrolera vinculados a la gigante estatal Petrobras, en el marco de los acuerdos de delación premiada. La empresa ítalo argentina Techint fue denunciada por pagar coimas en Brasil a cambio de contratos en Petrobras.
Lula afirmó que está con la «conciencia tranquila» tras haber logrado la inocencia con la anulación de sus condenas y procesos. «Mi conciencia está tranquila porque invadieron mi casa, levantaron el colchón, rompieron la cocina, abrieron el televisor para ver si había algún dólar, algún gramo de oro. Y como no los encontraron no tuvieron coraje de decirlo. Cuando la policía encontraba algo tiraba pirotecnia y cuando iban a mi casa y a la de mis hijos salían en silencio. Moro como cualquier brasileño tiene que tener un juicio justo y digno», aseguró.
Tras renunciar como ministro de Justicia, Moro trabajó para una consultora estadounidense durante más de un año que tiene como cliente a Odebrecht y regresó a Brasil con la intención de ser candidato a presidente, pero desistió tras su magra performance en las encuestas al presentarse como un líder de la ultraderecha no bolsonarista.
El Ministerio Público Federal de la ciudad de Curitiba de Lava Jato -equipo que fue desmantelado al inicio del gobierno de Jair Bolsonaro por el fiscal general- sostiene que unos 800 millones de dólares fueron recuperados de la red de corrupción y que se pagaron unos 3.000 millones de reales en multas compensatorias de acuerdos de delación premiada y lenidad de las empresas.
Al conocerse el fallo en su contra, Moro declaró: «Esta acción propuesta por miembros del PT es risueña. Cuando me citen me defenderé. La decisión del juez de citarme no quiere decir que me involucre en la acción. Todos saben que lo que perjudica a la economía es la corrupción y no la lucha contra ella».
«La inversión de valores es completa. En 2022, el PT quiere, como ya dijo Geraldo Alckmin, volver a la escena del crimen, pero también culpar a los que se opusieron a sus redes de corrupción».
El exgobernador paulista Alckmin, es un exrival derechista del PT que ahora se afilió al Partido Socialista Brasileño (PSB) y es el compañero de fórmula de Lula.
