El Gobierno de Perú dispuso ayer el toque de queda en la zona andina de Puno, en el sur del país, zona que se convirtió en el epicentro de las violentas protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que dejaron al menos 18 muertos en los últimos dos días por los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.
“Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 hasta las 4 de la mañana”, anunció el jefe de Gabinete, Alberto Otárola ante el Congreso.
“Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan”, exclamó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad.
En su presentación ante el Congreso en busca del voto de confianza al gabinete, Otárola detalló que “la inmovilización social obligatoria” -como llamó al toque de queda- se impone para “salvaguardar” la vida e integridad de los ciudadanos, tras los actos vandálicos y enfrentamientos de ayer.
La medida, insistió, es “en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos”. Al mismo tiempo, confirmó que “el Gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas”.
