En Córdoba se llega más rápido a todos lados en verano. Se reduce su ritmo febril y embotellado, y todo transcurre en una temporalidad distinta, extraordinaria. Un gesto físico de cambio de circunstancias. Sumergido en esa otra forma temporal de las cosas pienso en los cambios de gobierno en distintos niveles. Que también es una discusión sobre la temporalidad, no antojadiza, sino necesaria, dadas las condiciones materiales que tienen los debates sobre la gestión estatal.
En el siglo XXI hay una sensación dominante de aceleración, real o aparente, de todos los órdenes de la vida. Todo parece más vertiginoso, todo se inunda de inmediatez. Algunas veces, efectivamente, hay aceleración (por decir algo, impuestos que se digitalizan y pagan por internet). Pero otras veces aparece en forma de demanda irresuelta, de mandato no cumplido, sin contemplaciones de las condiciones materiales, palpables, que impiden lo inmediato. Es una demanda de recortar esperas, sin importar el motivo que ocasiona el atraso. Libre circulación de ansiedad. Todo ahora. Ya. Si no: frustración, enojo, bronca.
Reitero, en ocasiones se justifican esos sentimientos, pero en otras están más relacionados con la neurosis de quien debe esperar que con las posibilidades objetivas de hacer lugar a la premura. Uno de los casos que requiere de mayor rigurosidad analítica en cuanto a la demanda de resolución inmediata, es el de la dinámica estatal, el de la administración de lo público. Y no por aquella torpe formulación liberal de una supuesta lentitud constitutiva de lo estatal, sino porque la discusión sobre el Estado es una discusión por el poder, que es un combate con unas rigideces mayores a las de la voluntad.
Como recuerda Nikos Poulantzas, se pelea adentro, afuera y al medio del Estado, y todas esas luchas conmueven su estructura y accionar. Un partido no llega al gobierno e implementa su programa instantáneamente sin obstáculos ni dificultades. Al contrario, atraviesa dos contratiempos que traban en paralelo: la gravedad propia de los problemas que debe resolver, y las redes de poder fijadas que dominaban el hacer estatal en periodos previos. Esa es la coyuntura a la cual asistimos actualmente y no otra. Veamos.
Por más buena voluntad que tenga Alberto Fernández para resolver el tema deuda externa, su gobierno se encuentra condicionado severamente por los acreedores y, a su vez, del resultado de esa pulseada depende la suerte del resto de las medidas económicas de reactivación. El Gobierno no eligió lidiar con bonistas privados, es parte de la red de poder que quedó fijada luego de la era Macri. Entonces, pagar la deuda ya supone un problema enorme en sí mismo por tener que reunir el dinero en una Argentina fundida, pero además porque depende de la voluntad de los acreedores, que es siempre arbitraria y difícil de prever.
Lo mismo ocurre con el Estado municipal. Durante la gestión Mestre, Córdoba funcionó bajo un esquema que la teoría política llamaría de captura del Estado”, cuando intereses particulares dirigen la acción para su propio beneficio, soslayando los intereses de la comunidad. La administración radical se convirtió, por elección, en una herramienta de viabilización de intereses corporativos: lo contrario de la defensa del bien común.
La política pública fue dirigida ocho años por el beneficio privado, por un deja hacer”, mirando para otro lado ante irregularidades en todas las prestaciones. Lo que estaba ausente de esa gestión era el poder decisional de la política, que es la legítima representación de la comunidad por el voto democrático. Lo que hubo fue una dinámica de loteo de lo público. Así nos fue.
Pero, a pesar de la finalización del gobierno de Mestre, esa dinámica tiene una importante vigencia. Un ejemplo ilustrativo ocurrió hace pocos días cuando la ciudad permaneció varias jornadas tapada de basura por una medida sorpresiva del sindicato de recolectores: la huelga respondió a la suspensión de un empleado jerárquico del Ente de Servicios y Obras Públicas, que no quería entregar a las nuevas autoridades las claves del sistema informático para ver qué liquidaciones de sueldos se estaban haciendo. Allí no había un problema gremial, el trabajador no iba a ser echado, lo que estaba en cuestión era el poder: quién domina la acción estatal.
El transporte público es un problema en sí mismo, pero además el 75% está en manos de la empresa Ersa. El desarrollo urbano de la ciudad supone siempre grandes conflictos, pero además hay que lidiar con los 31 convenios urbanísticos aprobados que significan negocios millonarios para particulares a costa de volver inviable la ciudad como conjunto. Y así sucesivamente. Todas son redes de actores y circunstancias que repercuten en el Estado y condicionan su accionar.
Las nuevas gestiones deben gobernar, con las arcas vaciadas, problemas complejísimos y, al mismo, tiempo sedimentar nuevos órdenes políticos que les permitan tener mayor fluidez procedimental. El mandato de la inmediatez no puede saltearse toda esta trama de dificultades reales; nadie puede barajar y dar de nuevo semejante escenario en dos meses. Lo que estamos viviendo es una fuerte tensión por la reconstrucción de la autoridad decisional de la política, una nueva versión de liderazgos públicos para dirigir el rumbo del país y la ciudad cuidando lo común. Nos habíamos acostumbrado a conducciones estatales intervinientes solo para dejar hacer a lo corporativo. No hay modelo perfecto de gestión ni de praxis política, pero con la forma neoliberal de intervenir nos rompieron en mil pedazos. De esa ruina estamos tratando de salir.
