La evasión, la elusión y la planificación fiscal son formas de evitar, disminuir o diferir el pago de tributos. Sea mediante fraude fiscal (evasión), aprovechando las debilidades del sistema tributario (elusión) o saltando las fronteras legales de países para radicarse en paraísos (o guaridas) fiscales. Desde hace unos años las Administraciones nacionales y los organismos internacionales (G20, OCDE, ONU) trabajan para evitarlos. En estos días de pandemia es cuestión de vida o muerte, y se están produciendo novedades.
El análisis que está haciendo la AFIP sobre la información provista por la OCDE (2017 y 2018) sobre 950 cuentas (US$ 2.600 millones) de argentinos en el exterior (que las declararon, lo hicieron parcialmente, ingresaron al blanqueo, o no las declararon ni blanquearon) parece haber puesto nerviosos a algunos contribuyentes que quizás evadieron. Otras empresas (concesionarias de automotores, consignatarios de hacienda, granos, empresas de telefonía y telecomunicaciones, mayoristas, etc.), localizan sus domicilios fiscales en el país, en grandes ciudades con impuestos provinciales y/o municipales, que así eluden el pago de tributos en las poblaciones más pequeñas, apoyadas por fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores, respecto del llamado impuesto a la valija”.
El informe sobre Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019”, emitido por el Banco Central recientemente, aunque no son operaciones necesariamente ilegales (el gobierno de Mauricio Macri las había autorizado) muestran los efectos de la planificación tributaria en la economía nacional. Este informe comprueba que, en el período, se fugaron (salieron del país, o están guardados fuera del sistema financiero) 86.000 millones de dólares.
Esto demuestra que la lluvia de inversiones” anunciada en los últimos cuatro años no solo no se produjo, sino que los principales actores locales extrajeron de la economía nacional lo que ganaban, y que, se suponía, debían invertir localmente, y lo giraron hacia el exterior. Simultáneamente, algunas de esas empresas presentan balances con pérdidas generadas por altas cargas financieras por el capital de terceros, respecto de su valor agregado (entre el 30% y 50%), un porcentaje mucho mayor que el de sus empleados y de la carga impositiva.
Esta situación de fuga de capitales, alto endeudamiento de las empresas (no es imposible que lo sean con sus propios socios o empresas controlantes o vinculadas) no es nueva, y siempre han derivado en salvatajes estatales, cuando el Estado nacional se hizo cargo de esas deudas, como en 1982, con Domingo Cavallo al frente del Banco Central, o con pérdidas de los ahorristas, como en 1989 con el Plan Bonex de Carlos Menem, o en 2002 con la pesificación asimétrica” de Eduardo Duhalde. En estos tres casos, previamente se había disparado el dólar, las empresas y/o bancos estaban a punto de quebrar, aunque sus dueños ya habían protegido sus ahorros.
Mientras la mayoría paga y sigue pagando con impuestos e inflación, con esos desaguisados perdimos gran parte de nuestros ahorros, mientras que el Estado suma y suma deuda en moneda extranjera, aumentando en consecuencia su deuda interna.
¿Sera igual ahora? No lo sabemos, la pandemia cambia el contexto mundial –aunque no el financiero- y el gobierno actual, con algunas dudas, algunas demoras y algunas inconsistencias, parece andar limitando el éxito de esta planificación fiscal, aunque no ha sido efectivo hasta ahora en medio de la renegociación de la deuda, que, seguramente, incluye como acreedoras algunas de esas empresas y personas.
Algunas de esas empresas están financiándose con subsidios a salarios (mientras acuerdan reducciones con sindicatos) y créditos a tasa cero del Estado, mientras que activan el precio del dólar blue (libre, negro o ilegal) y el implícito en las operaciones bursátiles de contado con liqui” (CCL). Por ello, podemos decir que el Estado y la sociedad argentina no están ganando esta pulseada con la planificación fiscal agresiva.
Es claro que nuestro sistema tributario es regresivo, o sea, grava más a los que menos tienen; injusto, porque grava a los que ya pagan e inclusive a organizaciones sociales; ineficaz, porque admite una gran evasión; no promueve la inversión, porque pagan igual los que reinvierten que los que no; y promueve la planificación fiscal agresiva”, esto es, blanqueos. Por todo ello, definitivamente es malo y deberá cambiar, o fracasaremos en el intento de lograr un Estado fuerte y eficaz, más allá de un impuesto único a las grandes riquezas.
