A la sencilla pregunta sobre el funcionamiento del poder alguien podría responder básicamente que se trata de la capacidad para decir que no. Tanto en la vida como en la política representa un límite, define los contornos y resignifica lo que viene. Es una ruptura para comenzar de nuevo o para expresarle al interlocutor el deseo de un replanteo de la relación.
En la dimensión política del vínculo Provincia-Nación, hasta ahora Córdoba solo dijo que sí. A la firma del Pacto de Mayo, a la Ley Bases, al DNU 70 y más acá en el tiempo al acuerdo con el FMI. Los límites a la confrontación que señalaban las encuestas tuvieron su correlato en la efectiva materialización de los apoyos del gobierno de Llaryora a todas las iniciativas nacionales.
Pero la caída en los índices de aprobación de Javier Milei parece abrir una ventana al careo con el poder central. Según el último sondeo nacional de la consultora Zubán-Córdoba el 58,4 % de los argentinos desaprueba la gestión libertaria y el 41,6 la apoya. Hay que remontarse a octubre del año pasado (tras el veto al aumento a los jubilados) para encontrar porcentuales similares, lo que advierte de la capacidad de reversión del presidente libertario. Pero esta vez parecen sucederse uno a uno los problemas: discurso en Davos, caso $Libra, Menes-Caputo, represión en el Congreso y acuerdo con el FMI.
Recurrir al auxilio del Fondo puede leerse como un problema para el gobierno porque más del 63 por ciento lo rechaza y porque expone la debilidad del programa económico que se someterá a condicionamientos del organismo financiero internacional, aunque se desconocen los términos de ese esquema de ayuda.
Una audiencia que puede destrabar
La reunión del gobernador Martín Llaryora y el ministro de economía Luis Caputo la semana pasada parece abrir un resquicio por donde empezar a capitalizar la debilidad que empieza a exhibir la Casa Rosada. La audiencia fijada por la Corte Suprema para discutir la deuda de la Nación con Córdoba por la Caja de Jubilaciones puede leerse como otra muestra más de ese poder menguante ya que el máximo tribunal tenía “pisada” la causa: la Corte también hace sus cálculos políticos.
Las acreencias que exige Córdoba suman alrededor de 980.000 millones de pesos y se presentaron ante la Corte durante la gestión de Schiaretti con la documentación puntual de cada incumplimiento que se fue agregando a la demanda que se hizo con la representación del estudio jurídico García Lerma.
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