El juicio por el crimen vial de Altas Cumbres entró este martes en una de sus últimas etapas con la lectura de los alegatos de la Fiscalía y la querella. La defensa tendrá su turno el próximo 28 de septiembre. Después de diez audiencias, el proceso se encamina hacia una sentencia.
Pero mientras el expediente avanza hacia una definición judicial, en Traslasierra también queda otra historia para contar. Una historia menos visible en las actas y más difícil de medir en términos jurídicos: la de una comunidad que decidió organizarse para acompañar a las víctimas y sus familias, sostener su presencia frente a Tribunales y reclamar que el proceso pudiera desarrollarse con garantías, cuidado y sin privilegios.
Las organizaciones transfeministas, culturales, políticas y de Derechos Humanos de Traslassierra que participaron del acompañamiento difundieron en los últimos días distintas notas de opinión. Son textos diversos, atravesados por experiencias y miradas políticas diferentes, pero tienen un punto en común: para ellas, este juicio nunca fue solamente un proceso contra un hombre acusado de provocar un siniestro vial.
Recuperarlos permite mirar este juicio desde un lugar diferente al de las pruebas y los alegatos. Permite preguntarse qué significó para quienes acompañaron estar estos meses en Tribunales, qué preguntas les dejó el funcionamiento de las instituciones y, sobre todo, qué capacidad tuvo una comunidad para organizarse alrededor de las víctimas.
Distintas voces, una experiencia compartida
Desde la Colectiva Bordando Luchas de Ayer y de Hoy, la reflexión parte de una expectativa concreta: que las evidencias expuestas durante el juicio sean consideradas al momento de determinar las responsabilidades.
La organización expresa su solidaridad con las familias de Alejandra, Marina y Alexa y sostiene que durante las audiencias quedaron expuestos, a su criterio, elementos vinculados con la manera de conducir, las condiciones en las que circulaba el imputado y los privilegios que habría tenido.
Su planteo pone el foco en la reparación. Espera que la sentencia pueda “restituir la fe pública en las instituciones” y reafirmar, como mensaje social, que el poder no debe traducirse en impunidad.
Es una mirada que coloca la confianza en las instituciones en el centro: no alcanza con que exista un proceso judicial; también importa qué mensaje deja su resultado.
“Qué difícil es comprender al Poder Judicial”
Otro de los textos lleva la firma de Celeste, de la Mesa de Derechos Humanos de Las Rabonas. Su reflexión es más abiertamente política y parte de una pregunta sobre la desigualdad ante la Justicia.
Celeste cuestiona que las personas con menos recursos o pertenecientes a sectores vulnerables puedan enfrentar mayores dificultades frente al sistema judicial y sostiene que el poder económico y político puede generar condiciones diferentes.
En ese marco, vincula esa preocupación con el caso González y plantea interrogantes sobre el tiempo transcurrido desde el siniestro, las investigaciones realizadas y las condiciones en que las víctimas debieron atravesar el proceso.
Uno de los contrastes que destaca es el despliegue de seguridad que acompañó al imputado durante sus ingresos y salidas de Tribunales frente a las dificultades de accesibilidad que, según señala, tuvo Alexa Miranda en el edificio judicial.
La reflexión termina alejándose del expediente para poner en primer plano la organización comunitaria. Para Celeste, frente a las estructuras de poder existe otro poder: el de una comunidad capaz de organizarse y “ir torciendo lo injusto”.
Una mirada sobre lo que apareció durante las audiencias
Rosario, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, propone una lectura más extensa del recorrido judicial.
Su texto reconstruye distintos momentos de las diez audiencias: los testimonios de las víctimas y sus familias, las declaraciones de automovilistas, la intervención de los servicios de emergencia, las pericias accidentológicas y la reconstrucción virtual del siniestro.
También recupera preguntas que, desde su perspectiva, quedaron abiertas.
Entre ellas menciona la actuación de quienes intervinieron en los primeros momentos posteriores al choque, la asistencia sanitaria y las decisiones tomadas alrededor del traslado de las personas heridas.
Rosario interpreta esos episodios como parte de una discusión más profunda sobre el poder y las instituciones. Su texto sostiene que el juicio permitió poner bajo la lupa situaciones que, en su lectura, reflejan cómo funcionaban determinadas relaciones de poder alrededor del imputado.
Rosario observa la manera en que González ingresó y salió de Tribunales a lo largo del proceso y contrasta esa imagen con la de los primeros momentos de la investigación. Para ella, ese tránsito representa también el pasaje de una persona acostumbrada a ocupar lugares de poder hacia el lugar institucional de acusado.
Su expectativa está puesta en que el tribunal, la Fiscalía y la querella comprendan la dimensión que este proceso tiene para la sociedad de Traslasierra.
El factor poder, según la Mesa de Villa de las Rosas
Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Villa de las Rosas, el análisis incorpora el “factor poder” como elemento para pensar las tragedias viales. Allí se plantea que determinadas formas de ejercer el poder pueden trasladarse también a la conducción de un vehículo, especialmente cuando existe una cultura de obediencia alrededor de quien ocupa una posición jerárquica.
La organización relaciona esa hipótesis con los testimonios producidos durante el juicio y con los antecedentes que fueron discutidos en el proceso.
Su planteo es particularmente fuerte: sostiene que el ejercicio del poder político puede comprometer la actuación de distintas instituciones y que, por esa razón, ese componente no debería quedar fuera de la discusión sobre las responsabilidades.
Se trata de una interpretación política del caso y no de una conclusión judicial. La responsabilidad penal, en definitiva, será la que determine el tribunal a partir de las pruebas incorporadas al expediente.
Pero el aporte de esta organización permite ampliar la pregunta: ¿puede la cultura del poder convertirse también en un factor de riesgo cuando se traslada a la vida cotidiana?
Una mirada desde el acompañamiento
El texto firmado por Sonia, de la Mesa de Derechos Humanos de Las Rabonas, vuelve sobre varias de las preocupaciones planteadas por Celeste y pone especial énfasis en la experiencia de las víctimas.
Su reflexión cuestiona las condiciones que debieron atravesar Alexa, Marina y sus familias después del siniestro y durante el juicio. También plantea reparos sobre algunas preguntas realizadas durante las audiencias y sobre lo que considera una exposición innecesaria de las víctimas.
En su escrito aparece una preocupación que atraviesa buena parte del acompañamiento de las organizaciones: que el proceso judicial no agregue nuevas formas de sufrimiento a personas que ya atravesaron consecuencias físicas y psicológicas profundas.
La pregunta que formula es sencilla y, al mismo tiempo, difícil de responder:
¿Cuánto puede soportar una víctima antes de que la búsqueda de justicia se convierta también en una forma de padecimiento?
Cuando la consigna se transforma en memoria
En otro de los textos, Carmen, de Derechos Humanos de Cura Brochero, plantea una lectura centrada en las normas de tránsito y en la relación entre conducción, privilegio y poder.
Su escrito recupera conceptos como el exceso de velocidad, la invasión de la mano contraria y las diferencias entre vehículos en términos de seguridad. Pero incorpora un elemento que considera central: la sensación de impunidad asociada al ejercicio del poder.
Desde su perspectiva, el caso González permite discutir cómo las jerarquías políticas pueden influir en la relación de determinadas personas con las normas y con las instituciones encargadas de hacerlas cumplir.
El planteo de Carmen es el más explícito a la hora de pedir que el factor poder sea considerado dentro de la valoración judicial.
Más allá de las firmas
Hay también un texto atribuido a Cecilia, que retoma una reflexión muy similar a la firmada por Sonia. La repetición no es un dato menor: muestra que algunas preocupaciones circularon entre distintos espacios de acompañamiento y terminaron convirtiéndose en preguntas compartidas.
Pero también permite advertir que no existió una única voz.
Algunas organizaciones pusieron el acento en la reparación y la confianza institucional. Otras, en las condiciones de las víctimas. Otras, en el poder político y su relación con las instituciones. Otras, en las condiciones de seguridad vial y en la cultura de impunidad.
Esa diversidad es precisamente lo que vuelve interesante y necesario recuperar estos textos.
La organización que no aparece en el expediente
Hay, sin embargo, algo que atraviesa todos los escritos y que no necesariamente queda registrado en las actas de un juicio: la organización comunitaria.
Durante meses, distintas personas y colectivos de Traslasierra estuvieron presentes alrededor de las audiencias.
Acompañaron.
Observaron.
Difundieron.
Reclamaron.
Se organizaron para sostener una presencia en Tribunales.
Y, fundamentalmente, intentaron que las víctimas y sus familias no atravesaran solas un proceso que comenzó casi cuatro años después del siniestro.
Esa tarea puede parecer secundaria frente a la importancia de una pericia, un testimonio o un alegato.
No lo es.
En los procesos judiciales que involucran hechos traumáticos, el acompañamiento social también puede convertirse en una red de cuidado. Una red que no reemplaza al Estado ni a la Justicia, pero que puede evitar que las personas queden aisladas frente a instituciones complejas y procesos prolongados.
Qué Justicia queda después del juicio
Los alegatos ya comenzaron. La defensa tendrá su turno el 28 de septiembre y posteriormente llegará la sentencia.
El tribunal deberá responder una pregunta jurídica: qué responsabilidad corresponde atribuir por los hechos que fueron objeto del juicio.
Pero la sociedad queda frente a otras preguntas.
¿Cómo garantizar que las víctimas sean escuchadas sin ser revictimizadas?
¿Cómo asegurar accesibilidad real en los edificios judiciales?
¿Cómo proteger su intimidad y su integridad durante procesos que pueden durar años?
¿Cómo garantizar que una persona con poder económico o político sea juzgada bajo las mismas condiciones que cualquier otra?
¿Cómo evitar que una familia tenga que esperar años para obtener una respuesta?
Y sobre todo:
¿qué debería aprender el sistema de Justicia de Córdoba de todo lo que ocurrió alrededor de este juicio?
No necesariamente se trata de anticipar una respuesta sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Se trata de pensar qué instituciones queremos construir para cuando vuelva a ocurrir un proceso complejo, doloroso o atravesado por relaciones de poder.
Porque el juicio terminará.
Habrá una sentencia.
Pero la experiencia de estos casi cuatro años no desaparecerá con ella.
Quedará la historia de Alejandra, Marina y Alexa. Quedará el dolor de sus familias. Quedarán las decisiones institucionales que deberán ser evaluadas. Quedarán las preguntas que las organizaciones formularon desde sus distintos lugares.
Y quedará lo más valioso que tenemos como humanos en estos tiempos: una comunidad que decidió organizarse.
