Los diagnósticos generales son bastante coincidentes, más allá de las diferencias ideológicas, de énfasis y perspectivas entre ellos. La sociedad está volviéndose más violenta, represiva y desigual.
La violencia interpersonal en los ámbitos virtuales y en la vía o espacios públicos, se expande y aumenta su intensidad generando miedo en las mayorías silenciosas. Pero también en los ámbitos familiares o vecinales sin que parezca frenarse ni que existan mecanismos eficaces de prevención o inhibición de tales comportamientos.
Desde los hechos más visibles como los femicidios (260 casos en 2025) de los que entre el 83% y el 90% son cometidos por personas del círculo íntimo de la víctima (parejas o exparejas) o allegados. Hasta los menos visibles como los suicidios (aproximadamente 2000 casos anuales en varones y 600 en mujeres) son síntomas de esa violencia interpersonal.
En el ámbito ejecutivo y legislativo nacional, la eliminación de organismos administrativos, disminución de presupuestos asignados y proyectos de leyes que agravan las penas a quienes denuncien “falsamente” delitos contra la integridad sexual, aumentan los problemas y temores a denunciarlos.
En los ámbitos provinciales, la policía y el poder judicial muestran desidia, falta de compromiso o conocimiento de los procedimientos orientados a proteger a las víctimas que denuncian, aunque existen fiscalías especializadas, que más allá del caso Agostina Vega en Córdoba, se extiende a todas las jurisdicciones.
Mientras tanto los medios mainstream (dominantes), más allá de la búsqueda de información verificada, profundizan en aspectos de la intimidad de las víctimas, exponen las opiniones propias y de entrevistados más extremas, producen rumores y luego estrépito en base a versiones en caliente sin verificar, que las redes se encargan de expandir aún más allá.
Casi todos los ámbitos se niegan a asumir sus propias responsabilidades en esa espiral de violencia creciente, en la que “todo vale” y la moderación parece constituir más un problema que una virtud.
En los hechos visibles pero menos graves, como los hechos de violencia urbana en la vía pública, la prohibición y penalización de actividades –limpiavidrios, cuidadores de estacionamiento, etc.- parecen dominar la escena, sin proporcionar salidas de capacitación laboral que aumenten sus habilidades y sistemas deficientes de regulación que no parecen solucionar los problemas existentes y por el contrario generan otros.
Por supuesto que los políticos opositores, en todos los ámbitos, aprovechan para sacar partido en su favor, acusando a los oficialismos de problemas reales o no, como los únicos causantes de los problemas, pidiendo “Juris de enjuiciamiento” a funcionarios judiciales y renuncias o expulsiones de funcionarios oficialistas que hicieron lo mismo que ellos hicieron antes.
Es evidente que todas esas acciones y reacciones no son un camino adecuado para construir una sociedad más pacífica, colaboradora o cooperativa.
Las instancias más apropiadas para eso parecen ser aquellas que reúnen en la base social a quienes pueden moderar y coordinarse hacia el futuro. Familias, entidades educativas y grupos vecinales son habitualmente instancias capaces de establecer relaciones ganar-ganar, sin discriminaciones y con mecanismos de cuidado que promueven identificación de casos críticos, la disminución de la soledad no deseada, la contención y el acompañamiento comunitario.
Para ello estas instituciones necesitan apoyo para fortalecerse y mejorar sus relaciones internas y con los otros grupos de base en los que su voz pueda ser escuchada y respetada en relaciones interpersonales e interinstitucionales.
Los apoyos requeridos significan:
1) Aumentar e intensificar la tarea de algunas instituciones que existen desde hace décadas como los grupos de apoyo a alcohólicos, adicciones, suicidas, etc. y nuevas que se constituyan.
2) Instituciones e infraestructura que permitan contener los casos más extremos que requieren algo más que tratamientos personales y familiares ambulatorios.
3) Mecanismos de participación democrática de estas instituciones en la elaboración legislativa y regulatoria, de alerta temprana en casos puntuales –denuncia de puntos de distribución de estupefacientes prohibidos, de violencia callejera, violaciones de normas de convivencia, incumplimiento de normas o complicidades de funcionarios encargados del control, problemas en la prestación de servicios públicos, etc.- y promoción de actividades comunitarias.
4) Recuperar las acciones orientadas a la regularización dominial de barrios populares, la inversión en infraestructura, servicios públicos y comunitarios y deportivos que creen ámbitos adecuados de convivencia, empoderen a líderes comunitarios y excluyan elementos marginales de esas comunidades.
Las encuestas de comportamiento ciudadano revelan que “los planes sociales focalizados”, con intermediación de entidades sociales son cada vez menos aceptados tanto por pobres crónicos, como por los nuevos pobres o empobrecidos.
Por otro lado los programas universales –condicionados al cumplimiento de obligaciones- como la AUH o transporte público, otorgados en forma directa a los beneficiarios que las cumplan, y a comunidades auto organizadas, son más aceptados.
Esto permite pensar en mecanismos adecuados tanto para ayudas directas, como para implementar ayudas indirectas en infraestructura urbana, que construyan una sociedad más estable, inclusiva y menos violenta.
La innegable realidad violenta, represiva y desigual tiene un camino claro para revertirla, inclusive en las acciones y modalidades de intervención estatal, que no puede soslayarse sin reiterar el círculo vicioso actual.
