Mediante la publicación del Decreto 1.201/2018 en el Boletín Oficial, el gobierno nacional formalizó la retención de 12% a las exportaciones de servicios. La iniciativa comenzó a regir ayer y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo al primer artículo de la norma. La administración del presidente de la Nación, Mauricio Macri, justificó la iniciativa por la crisis económica que atraviesa el país. Debido a “la actual coyuntura económica resulta necesario adoptar medidas que permitan, entre otros objetivos, atender las necesidades de las finanzas públicas”, consignaron desde el Gobierno.
Se define como prestaciones de servicios, pasibles del impuesto, a “cualquier locación y prestación realizada en el país a título oneroso y sin relación de dependencia, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior”. Esto incluye los servicios basados en el conocimiento, un sector que agrupa a más de 10.000 empresas. Este rubro se transformó, en los últimos años, en el tercer complejo exportador del país. Según cifras de Argencon, entidad que agrupa a las firmas de este tipo, las ventas de los servicios basados en el conocimiento superaron los 5.900 millones de dólares en 2017. Abarcan no sólo servicios informáticos, sino también profesionales, jurídicos, contables, técnicos (como arquitectura e ingeniería) y de publicidad, entre otros.
El derecho de exportación, según la normativa, no podrá exceder los cuatro pesos por cada dólar del valor imponible. “De aplicarse, ese límite se mantendrá en pesos hasta la cancelación de la obligación”, aclaró el Gobierno en el decreto. La nueva reglamentación estableció además, que deberá abonarse dentro de los primeros 15 días hábiles del mes posterior a la facturación de las operaciones, tras la presentación de una declaración jurada. De todas maneras, el decreto contempla algunas excepciones. Las micro y pequeñas empresas comenzarán a tributar cuando sus exportaciones superen los 600.000 dólares.
Cabe recordar que a comienzos de septiembre, el Gobierno decidió aplicar retenciones a las exportaciones de bienes y servicios. No obstante, de momento sólo se habían reglamentado los derechos de exportación de bienes.
