El juez Rodrigo Giménez Uriburu, que dictaminó la prisión preventiva para Cristina Kirchner, pidió conocer todos los movimientos que la expresidenta realizó en el edificio ubicado en San José 1.111, donde se encuentra el departamento en el que cumple su condena.
La razón de la solicitud
La solicitud se realiza luego de que una sindicalista de La Cámpora, Soledad Calle, comprara el departamento que se encuentra abajo del piso de la exmandataria.
Por lo tanto, el objetivo del magistrado es saber si existe alguna prueba de que la exjefa de Estado haya ido al departamento de la sindicalista.
“Requiérase a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que tenga a bien informar si Cristina Fernández de Kirchner registra egresos de la unidad funcional en la que cumple la pena de prisión bajo modalidad domiciliaria para hacer uso de la terraza del edificio, conforme la autorización conferida con fecha 17 de septiembre de 2025, más allá de aquellas oportunidades consignadas en algunos de los informes mensuales remitidos a este Tribunal”, precisó el texto.
La DAPVE es el organismo encargado de detallar los movimientos que la exvicepresidenta efectúa dentro del edificio como también sus salidas al exterior.
Piden un allanamiento
Por otra parte, la defensa de tres sindicalistas que promovieron la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) solicitaron allanar el departamento que la sindicalista cercana a La Cámpora compró debajo de la vivienda de la ex mandataria.
El objetivo es investigar si el dinero utilizado por Calle para la adquisición del inmueble está o no relacionado con la potencial defraudación en la UOM, con la que la mujer tiene un contrato millonario.
La petición fue presentada ante el juez federal Julián Ercolini, quien está al frente de la investigación de una denuncia que enfrentan María Soledad Calle y Abel Furlán, quien fuera titular de la UOM, en concepto de los delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
La presentación fue firmada por el abogado Yamil Castro Bianchi, que representa a los gremialistas Ángel Derosso y Gerardo Piva, que se presentaron como querellantes en la causa y que son opositores a Furlán.
Convenio suspendido
Con el aval de la Justicia, el interventor de la UOM, Alberto Biglieri, suspendió además el polémico convenio entre el sindicato y la empresa USEM, vinculada con La Cámpora, que es objeto de una investigación del juez Ercolini por la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita.
La decisión del interventor rige desde el 15 de este mes y fue calificada como una “medida preventiva y de conservación patrimonial” ya que en la causa gira en torno de la administración de millonarios fondos sindicales provenientes de los aportes de trabajadores: se estima que USEM recaudaba más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.
Una de las accionistas y directoras de USEM es Calle, la militante camporista a quien Abel Furlán, el desplazado líder de la UOM, le dio trabajo en relación de dependencia y la designó en importantes cargos en nombre del gremio.
