La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión rechazó en las últimas horas el proyecto de ley del gobierno nacional que baja la edad de imputabilidad a los 15 años. El organismo, integrado por religiosos y laicos católicos, emitió un duro comunicado en el que cuestionó la “demagogia punitiva” que caracteriza a la iniciativa y se opuso “firmemente a cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad, mucho más en este contexto social”.
En este marco, la comisión hizo responsables “a los dirigentes, gobernantes y comunicadores populistas que dicen lo que la sociedad ‘bolsonarizada’ quiere escuchar, aún a costa de sacrificar por unos votos la dignidad inalienable de nuestras y nuestros adolescentes”. De esta manera, se refirieron a dos cuestiones particulares: la asunción del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el cronograma electoral argentino que, entre sus platos fuertes, incluye las elecciones presidenciales de octubre próximo.
Además, los integrantes de la organización, consideraron que “la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente” pero que no puede darse “en este marco de incumplimiento de los derechos sociales”. A su vez, los firmantes advirtieron que pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social “significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales”.
La baja de la edad de imputabilidad es tan sólo una parte de la agenda securatista que el Gobierno pretende privilegiar como tema de discusión de cara a 2019. La deportación exprés de inmigrantes y la implementación de pistolas taser son los otros dos temas que integran la primera fase de la maniobra oficial. Las tres iniciativas fueron presentadas y respaldadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien criticó en las últimas horas a los organismos de derechos humanos porque “nunca se ponen del lado del policía asesinado ni de la víctima”. Las declaraciones de la titular de Seguridad fueron rápidamente repudiadas por referentes sociales, quien aprovecharon además para criticar los proyectos oficialistas.
Para la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto, la baja de la imputabilidad representa “un régimen de castigo más que uno de reparación o ayuda”. Y añadió: “Es atacar a los más chiquitos que pueden ser también víctimas de una vida tremenda de soledad, desamparo y miseria, que en vez de solucionársela para que sean felices se los va a reprimir de una mera tremenda”.
