Así lo señaló en declaraciones a la prensa el ministro de Economía, Enrique Vaquié, quien afirmó que con la promulgación la reforma de la ley 7.722 (que lo impedía), las empresas mineras ya pueden comenzar a «pedir permiso de explotación y cateo para buscar en los lugares en los que puede haber minerales».
El funcionario dijo que el contacto «más avanzado» es por el proyecto San Jorge (iniciativa que pretende instalarse en Uspallata), a cuyos interesados se les ha pedido una «nueva declaración de impacto ambiental».
Ese proyecto minero de oro y cobre pretende instalarse en Uspallata, a unos 150 kilómetros de la Ciudad: la iniciativa es de la compañía rusa Aterra Group, que en el 2013 adquirió la totalidad de las acciones del proyecto a su iniciadora, la firma canadiense Coro Mining.
Vaquié destacó que a partir de la promulgación de la ley 9209 – que se publicó ayer en el Boletín Oficial-, el Gobierno «asumió los compromisos establecidos para los controles necesarios», con el objetivo de que avance la exploración y explotación.
«Enviaremos un proyecto a la Legislatura para incentivar que la minería contrate proveedores y empleo local. La idea es avanzar con créditos blandos y baja de impuestos si las empresas contratan proveedores y empleo local», resaltó dijo a Radio Nihuil.
Ese proyecto de ley para impulsar la actividad a pesar de la fuerte resistencia social y ambientalista llegará a la Legislatura en 30 días, dado que la gestión del radical Rodolfo Suárez está trabajando en su elaboración.
También señaló que existe otro proyecto que estaría avanzado en Malargüe, aunque no dio más detalles sobre la firma que haría la explotación en el Sur.
