El congelamiento de las tarifas respectivas hasta el próximo 31 de diciembre y la recuperación de la potestad del Estado para establecer el monto de las mismas son disposiciones que garantizan a todos los usuarios la máxima protección contra la voracidad de las empresas prestadoras», señaló un documento difundido por la CTA que encabeza el diputado nacional y dirigente sindical docente Hugo Yasky.
En ese sentido, indicaron que para esa Central, «estas decisiones gubernamentales justifican plenamente los esfuerzos de diferentes organizaciones ciudadanas, como ‘Internauta, Asociación Argentina de Usuarios de Internet’ entre otras, que bregaron desde hace tiempo para que estos servicios fueran declarados públicos y esenciales».
«No es de extrañar que ciertos sectores de la oposición, precisamente los más vinculados al ala irreductible del macrismo y a la comunidad de negocios emergente de éste, se opongan a la decisión presidencial», se interpretó en el comunicado.
En tanto que desde la CTA Autónoma que encabezan el dirigente del gremio de Visitadores Médicos Ricardo Peidro y el estatal Hugo «Cachorro» Godoy, se aseguró que se trata de una iniciativa «reclamada por la ciudadanía que, en el contexto de la pandemia, se volvió impostergable».
«El Decreto de Necesidad y Urgencia asegura el control estatal sobre las mismas en el futuro. Exige además a las empresas que se establezcan planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria», subrayó un comunicado.
En ese sentido, desde la CTA Autónoma consideraron que «es necesario y urgente que el Estado asegure la accesibilidad de todos y todas a los servicios de las telecomunicaciones, de modo que en todo el territorio nacional se pueda tener conexión de calidad y a precios razonables».
