Con 43 votos afirmativos, apenas dos negativos y siete abstenciones, la Cámara alta le dio media sanción a la iniciativa que prorroga la Ley 26.160, la cual declara «la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas» y que vence el 23 de noviembre próximo.
Se trata de una norma sancionada en 2006 que ya fue fue prorrogada ya en tres oportunidades y el proyecto que trata el Senado le da cuatro años más de vigencia a los artículos que, entre otras cosas, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras ocupadas por esas comunidades.
La iniciativa dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben en adelante, de un crédito por 290 millones de pesos destinados al «Fondo
Especial para la asistencia de las comunidades indígenas» creado por la ley de emergencia.
El debate sobre el tema estuvo marcado por la polémica en torno al accionar de un grupo auto identificado como «mapuche» que en los últimos meses atacó dependencias públicas y un club de la localidad rionegrina de El Bolsón, que fue incendiado, al tiempo que amenazó a las autoridades provinciales.
El tema sobrevoló en el recinto de la Cámara alta desde el inicio de la sesión, cuando el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) expresó que «esta gente está haciendo terrorismo hace muchos años y lo sufren los patagónicos», al presentar un pedido de preferencia para un proyecto propio de repudio a esa situación.
El opositor criticó «la inexplicable actitud del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, al presentarse para exponer ante la justicia trasandina en favor del condenado Facundo Jones Huala, «con el argumento de que es ‘asistencia consular’».
A su juicio, «la propia explicación de lo que es asistencia consular no justifica la presencia de un embajador» en un ámbito de esas características.
Luego el senador radical Pablo Blanco reflotó el asunto con un pedido de apartamiento del reglamento para exigir la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en el Congreso para que explique el conflicto en la Patagonia.
El senador fueguino se sumó a las críticas por la actitud del embajador Bielsa de defender y pedir la libertad condicional para «alguien que reniega del Estado argentino, de sus autoridades».
«Algunos en nombre de comunidades autóctonas cometen estos actos de vandalismo, y las autoridades pareciera que estuvieran avalando este tipo de usurpaciones y actos vandálicos», advirtió el legislador de la UCR.
En el comienzo del debate concreto de la iniciativa, cuyos alcances fueron presentados por la salteña Nora Giménez (Frente de Todos), la pirotecnia la puso el radical cordobés Ernesto Martínez (JxC), quien planteó que «votar esta prórroga es un suicidio institucional para nuestro país» dado que a su entender beneficiaría al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), al que cataloga como «terrorista».
«Hay que excluir a Río Negro, Neuquén y Chubut y capaz que lo podría votar favorablemente, pero así voto negativamente porque ya la voté en 2013 y 2017 y siempre escuché el mismo argumento: esta vez es la última y se terminará de censar para saber quienes son los pueblos originarios y que tierras ocupan y no sigan apareciendo nuevas organizaciones que se proclaman como originaria como pasa en la Patagonia que pretenden poseer tierras», fundamentó.
En esta línea, manifestó que «no hay que seguir dando excusas a la organización RAM para que prosiga con su accionar terrorista» e incluso fue más allá al señalar que «el Senado se agacha frente al jefe» de esa organización, Jonas Huala.
«Con esta ley, la RAM dirá que no puede ser desalojado de todos los terrenos que ha tomado en los últimos tiempos», indicó, y agregó que «con el artículo 2 los jueces no van a poder actuar respecto a las acciones que vienen haciendo los terroristas».
«Entonces -continúo- el Estado nacional retrocede en la defensa del territorio asustado por un grupo de disfrazados», lamentó.
Martínez consideró que «la RAM humilla al Senado llamándonos ‘Senado de la Nación colonial huinca’ y, a pesar de eso, el Senado vota normas que favorecen a los que siembran el terror en la Patagonia. Voy a votar negativamente», concluyó.
Al cruce del representante de Juntos por el Cambio salió el chubutense del Frente de Todos Alfredo Luenzo, quien acusó al radical de hablar «desde el desconocimiento».
«Pero además del desconocimiento es más grave aún, en este recinto, emplear la palabra terrorismo, subversivo, conceptos muy caros para la historia argentina. Y se vuelven a reeditar en una necesidad que tiene la derecha de encontrar un enemigo interno, como ya lo encontró el gobierno anterior» con los casos de «Santiago Maldonado y Rafael Nahuel», resaltó.
Para Luenzo, «el problema no pasa por las comunidades aborígenes, que están organizadas y perfectamente integradas» sino por «un grupo muy reducido que comete delitos, que son delincuentes».
«La respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables», explicó.
En este sentido, afirmó que «bajo ningún punto de vista esta prórroga implica darle consentimiento a grupos minúsculos, que no sabemos su origen, que no representan a las comunidades».
