La cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos, renunció, luego de que el titular fuera denunciado por supuesto «hostigamiento» contra funcionarios del área de Litigios Penales.
A través de los decretos 752 y 751 el Gobierno aceptó las dimisiones presentadas por el presidente de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo, a mediados de octubre.
Debido a la importancia del organismo, el Ejecutivo advirtió que «el cumplimiento de los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia de la UIF tornan ineludible evitar la acefalía».
Por esa razón, Cruz se mantendrá al frente de la Unidad de Información Financiera hasta que el Gobierno formalice «la designación de la persona que lo reemplace en el referido cargo, conforme el procedimiento de selección previsto en el artículo 9º de la Ley Nº 25.246».
La salida de las autoridades de la UIF se da luego de que Cruz fuera denunciado por supuesto «hostigamiento y amenazas»: la acusación fue hecha por un abogado del organismo antilavado que fue echado tras ser responsabilizado por el presunto «error» que permitió el sobreseimiento de directivos de Techint en la causa Cuadernos.
La denuncia fue hecha por Fernando Diez, el abogado que representaba a la UIF en ese expediente judicial. En la presentación hecha ante la Jefatura de Gabinete, el letrado afirmó que Cruz hostigó y amenazó a varios miembros del área de Litigios Penales.
