El juez federal número 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, comenzó el último viernes a tramitar la acción de amparo colectiva que habían solicitado la Sociedad Rural Argentina junto a su par de Jesús María, el 21 de febrero pasado, para pedir que el Estado nacional deje de cobrar las retenciones agropecuarias a las exportaciones de granos.
Un dato importante de su resolución fue levantar el secreto del expediente que él mismo había decidido cuando solicitó al Registro de Causas Colectivas de la Corte Suprema que informe si había inscripto algún planteo similar.
Aquella reserva, impedía visualizar cada movimiento en el Sistema de Lex 100, que tiene el Poder Judicial de la Nación. Al admitirse el carácter colectivo del amparo, la decisión del magistrado tendrá alcance sobre todo el país.
Los ruralistas cuestionan la legalidad del cobro del impuesto a las retenciones que el Estado Nacional percibe por las exportaciones de granos. Señalan que, al no haberse aprobado el presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación, la Afip no cuenta con la herramienta legal para continuar cobrando esas percepciones.
