Los cinco bloques de la oposición en el Concejo Deliberante de Córdoba emitieron un duro pronunciamiento conjunto para exigir explicaciones sobre la habilitación y los controles realizados sobre Wachitas Bar. El local de Nueva Córdoba quedó bajo la lupa tras el femicidio de la adolescente Agostina Vega y las denuncias sobre presuntas actividades ilegales en su interior.
En diálogo con Hoy Día Córdoba, la concejala Elisa Caffaratti (UCR) expresó su preocupación por la falta de transparencia del Ejecutivo Municipal respecto al funcionamiento de este bar y otros locales nocturnos. Además, cuestionó la falta de información oficial y la respuesta frente a los pedidos de informe. «Hay algunos datos que han surgido en los medios de comunicación, pero en el Concejo Deliberante hay silencio de radio. Nadie nos contesta y fue rechazado todo este pedido por el oficialismo», expresó.
La estrategia de la oposición, que reúne 15 firmas de distintos bloques como la UCR y el Frente Cívico, apunta a acceder a los expedientes completos de habilitación de Wachitas y de otros locales nocturnos, entre ellos Malibú y Luzbelito. En el caso de estos establecimientos, se conoció en las últimas horas que la Municipalidad dispuso su cierre tras detectar diversas infracciones vinculadas a seguridad, habilitaciones y condiciones de funcionamiento.
La tensión institucional se agravó luego de que el titular del Ente de Fiscalización y Control no asistiera a la Comisión de Legislación General, donde estaba prevista su presentación para brindar precisiones sobre las inspecciones realizadas en el establecimiento. Frente a esa ausencia, la oposición profundizó sus reclamos y solicitó acceso integral a los expedientes vinculados tanto a Wachitas como a otros locales nocturnos recientemente clausurados o investigados.
La concejala también puso el foco en una contradicción administrativa: el bar Wachitas figuraba en la página oficial del municipio como un lugar recomendado dentro del circuito turístico de la ciudad. «Que haya sido elegido entre 1000 bares de este tipo que tiene la ciudad, justo este para ser promocionado, nos habla de que había algo de privilegio», sentenció.
La situación se agravó tras el testimonio de una joven denominada «Carla» en medios televisivos, quien describió una dinámica de explotación sexual y venta de drogas en el bar, además de la presunta complicidad de agentes municipales. «Ella expuso que se ejercía la prostitución en ese bar, que se vendían drogas y también la connivencia con inspectores de la municipalidad que iban a clausurar y que bajo coima volvían a abrir el lugar», relató Caffaratti.
Mientras avanza la investigación judicial por el crimen de Agostina Vega, con las indagatorias a Claudio Barrelier como principal sospechoso y a Soledad Andreani por encubrimiento agravado, la tensión política en torno al caso continúa en aumento. Andreani, propietaria del Ford Ka utilizado para trasladar el cuerpo, también es señalada como presunta encargada de gestionar servicios sexuales en el bar.
Antecedentes de los reclamos
En ese contexto, Caffaratti aclaró que los pedidos impulsados por la oposición no responden a una reacción reciente. “Se nos acusa de carancheo, pero el año pasado y el anteaño ya habíamos presentado dos pedidos de informe sobre el funcionamiento del Ente de Fiscalización y Control”, afirmó. Según explicó, desde 2024 vienen advirtiendo sobre la falta de claridad en la estructura orgánica y el presupuesto del organismo.
Además, recordó otra presentación vinculada a eventos clandestinos que tomaron estado público. “También habiamos presentado un pedido de informe sobre fiestas ilegales que trascendieron a la opinión pública por el descontrol, en la Casita del After en barrio Parque Villa Allende, donde estaba mencionado un funcionario municipal del CPC como posible facilitador de estas actividades”, señaló.
La expectativa ahora está puesta en la comparecencia prevista para el próximo miércoles, cuando el director del Ente de Fiscalización y Control deberá presentarse ante la Comisión de Legislación General. Desde la oposición exigen que concurra con la documentación respaldatoria y sin eludir responsabilidades administrativas bajo el argumento de la judicialización de la causa. “La Justicia se encarga de los delitos penales, pero acá hay cuestiones administrativas y de responsabilidad de funcionarios públicos que queremos dilucidar”, concluyó la concejala.
