Fiscales piden procesar y detener en su domicilio a Sánchez Torres por una causa que investiga presuntas maniobras para modificar la integración de las salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y un supuesto caso de violencia laboral contra una funcionaria judicial. La presentación, realizada por los fiscales federales Maximiliano Hairabedian y Pablo Turano, también solicita el procesamiento de la camarista Graciela Susana Montesi.
La requisitoria fue presentada ante el juez federal Alejandro Sánchez Freytes y sostiene que ambos magistrados habrían actuado para alterar el mecanismo de integración de las salas previsto por la Ley de Subrogancias y el reglamento interno de la Cámara.
Las acusaciones contra los camaristas
Según el dictamen, fiscales piden procesar y detener en su domicilio a Sánchez Torres al considerar que intervino, junto con Montesi, en decisiones destinadas a conformar tribunales de una manera distinta a la prevista por la normativa vigente.
La investigación menciona dos expedientes, identificados como «Padilla» y «Humanes», en los que, de acuerdo con la acusación, se habrían dispuesto integraciones irregulares para permitir la participación conjunta de ambos camaristas en el tratamiento de determinadas causas.
En el caso «Padilla», la Fiscalía sostiene que correspondía la intervención de la jueza Liliana Navarro como subrogante, pero que finalmente se incorporó a Sánchez Torres. En el expediente «Humanes», la acusación indica que en diciembre de 2023 se habría integrado la sala con Montesi pese a que esa conformación no respetaba el régimen de subrogancias.
La investigación señala que la secretaria penal Celina Laje Anaya se negó a certificar esa integración por considerarla contraria a la normativa. Posteriormente, la jueza Liliana Navarro cuestionó formalmente esa decisión y solicitó que se aplicara el Acuerdo 316/2023, tras lo cual la integración fue modificada.
El pedido de procesamiento
Además del presunto abuso de autoridad por las decisiones vinculadas a la integración de las salas, fiscales piden procesar y detener en su domicilio a Sánchez Torres por el supuesto delito de lesiones graves agravadas por violencia de género.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que, tras la negativa de Laje Anaya a convalidar la integración cuestionada, el camarista habría desplegado conductas de hostigamiento laboral durante casi dos años. Entre ellas, menciona gritos, descalificaciones, cambios de funciones, aislamiento, sobrecarga de tareas y otras situaciones que, según la acusación, habrían provocado un daño psíquico incapacitante en la funcionaria.
La requisitoria se apoya en declaraciones testimoniales, documentación administrativa, antecedentes médicos, audios, mensajes, fotografías, chats, acuerdos internos y resoluciones incorporadas durante la investigación.
En el escrito, los fiscales solicitan el procesamiento con detención domiciliaria de Abel Guillermo Sánchez Torres como coautor del delito de abuso de autoridad y autor de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género. Para Montesi, el pedido es de procesamiento como coautora del delito de abuso de autoridad.
La respuesta de los magistrados
Fiscales piden procesar y detener en su domicilio a Sánchez Torres, aunque el camarista rechazó las imputaciones. Sostuvo que nunca ejerció violencia laboral y afirmó que la integración observada respondió a un error que posteriormente fue corregido. También aseguró que el cambio de funciones de Laje Anaya fue una decisión adoptada por la propia funcionaria.
Por su parte, Graciela Montesi negó haber participado en una maniobra ilícita y atribuyó la integración cuestionada en la causa «Padilla» a cuestiones de funcionamiento interno y a una práctica habitual de recirculación de expedientes.
Ahora será el juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, quien deberá resolver si hace lugar al planteo presentado por el Ministerio Público Fiscal. Mientras tanto, fiscales piden procesar y detener en su domicilio a Sánchez Torres, además del procesamiento de Montesi, al considerar que las pruebas reunidas alcanzan el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso.
La postura de la querella
En diálogo con Hoy Día Córdoba, el abogado Claudio Orosz —representante de la secretaria judicial Celina Laje Anaya— aseguró que el pedido de procesamiento contra los magistrados «era una resolución que esperábamos». En este sentido, destacó que la investigación logró reunir abundante prueba desde que la funcionaria presentó la denuncia inicial.
El letrado expresó su expectativa de que el juez federal Alejandro Sánchez Freytes haga lugar a la requisitoria completa, remarcando que el pedido de detención para Sánchez Torres se fundamenta en un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación mediante posibles presiones a testigos.
Finalmente, Orosz exigió que el Consejo de la Magistratura tome nota de los avances penales, acelere el trámite disciplinario y remita de inmediato las actuaciones a la Sala Acusadora para impulsar la destitución de los magistrados investigados. Será ahora el juez Sánchez Freites quien deberá definir el futuro procesal de los históricos camaristas cordobeses.
Las maniobras bajo la lupa
La acusación contra los magistrados se centra en dos delitos principales. En primer lugar, la Fiscalía les atribuye presunto abuso de autoridad. Según Orosz, Sánchez Torres y Montesi incumplieron el reglamento de la propia Cámara Federal al integrar de manera irregular las salas en los expedientes «Padilla» y «Humanes» (vinculados a la causa Bunge). El objetivo habría sido intervenir conjuntamente en esos procesos, aprovechando dos vacantes generadas por fallecimiento y jubilación.
En segundo lugar, enfrentan una imputación por lesiones graves agravadas por violencia de género. Este hecho se habría desencadenado cuando Laje Anaya se negó a confeccionar una certificación para integrar dichas salas, al advertir que la medida no se ajustaba al régimen de subrogancias vigente. De acuerdo con la querella, esa negativa derivó en un severo proceso de hostigamiento laboral que afectó gravemente la salud física y psicológica de la funcionaria, obligándola a tomar una licencia psiquiátrica de casi dos años.
Piden indagar a las máximas autoridades de la Justicia Federal de Córdoba
