La Legislatura de la Provincia de Córdoba comenzó el debate en comisiones conjuntas del proyecto de “Ley Fede”, bajo el expediente 43566/L/25. La iniciativa propone establecer una política pública integral sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), con capacitaciones obligatorias para agentes públicos, fuerzas de seguridad, personal de salud y educación, además de herramientas específicas para mejorar la atención de las personas autistas.
El proyecto también contempla la creación de organismos provinciales de investigación y seguimiento, protocolos de intervención policial, medidas de accesibilidad en espacios públicos y privados y programas destinados a favorecer la inclusión laboral de adultos con TEA. A su vez, establece obligaciones para comercios y empresas con atención al público, que deberán capacitar a sus trabajadores y adoptar determinadas medidas para facilitar la atención de personas dentro del espectro.
El tratamiento comenzó ayer miércoles en las comisiones de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad y de Tecnología, Innovación y Economía del Conocimiento, presididas por Carlos Carignano y Juan Blangino, respectivamente. El proyecto fue presentado en agosto de 2025 por Nancy Almada e Inés Contrera, junto al bloque Frente Cívico de Córdoba.
Uno de los principales ejes de la propuesta es la capacitación obligatoria y permanente sobre autismo. La medida alcanzaría a los agentes de los tres poderes del Estado, las fuerzas de seguridad, el personal de salud, las instituciones educativas públicas y privadas, los organismos descentralizados y las empresas comerciales que atiendan al público.
Según establece el proyecto, la formación deberá brindar herramientas para reconocer y abordar situaciones de desregulación emocional o sensorial, mejorar el trato hacia las personas con TEA y reducir prejuicios y situaciones de discriminación. Las capacitaciones serían anuales y continuas y contarían con certificación oficial del Ministerio de Educación de la Provincia.
La iniciativa dedica además un apartado específico a las fuerzas de seguridad, con el objetivo de evitar intervenciones inadecuadas ante situaciones vinculadas con el autismo. Para ello, establece que la Policía de Córdoba deberá recibir formación específica y prevé la elaboración de un Protocolo de Intervención Policial no violento ante desregulaciones sensoriales o conductuales.
Otro de los puntos centrales es la creación del Centro Provincial de Investigación y Atención Integral del TEA, bajo la órbita del Ministerio de Salud. El organismo tendría entre sus funciones la atención directa, la orientación a las familias y la producción científica, mientras que el proyecto también propone un Observatorio Provincial de Inclusión y Derechos de las Personas con TEA para relevar denuncias y controlar el cumplimiento de la normativa.
En materia de accesibilidad, la propuesta incorpora medidas destinadas a reducir estímulos que puedan generar desregulaciones y facilitar la comunicación. Entre ellas aparecen la adaptación de iluminación y ruidos, la utilización de señalética pictográfica, la posibilidad de establecer “horas silenciosas” y la incorporación de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa en espacios públicos.
El proyecto también incorpora un capítulo dedicado a la inclusión laboral de adultos con autismo, mediante programas adaptados, acompañamiento de tutores especializados y cupos en el ámbito público. Para el sector privado, contempla incentivos destinados a las empresas que incorporen trabajadores con TEA y asistencia técnica para facilitar su incorporación y permanencia en los puestos de trabajo.
El tratamiento continuará ahora su recorrido por distintas comisiones legislativas para incorporar aportes de familias y profesionales. Almada pidió que el debate avance sin demoras y que la iniciativa pueda convertirse en una herramienta concreta para las personas autistas y sus familias. “La idea es que no se estanque esto en el tiempo y no lo dilaten como ya me ha pasado con la ley de acogimiento familiar, que hace un año que la vienen dilatando”, expresó.
El origen de la Ley Fede
Detrás del proyecto hay también una historia familiar que terminó convirtiéndose en el principal motor de la iniciativa. Federico Almada, sobrino de la legisladora y un joven de 25 años con autismo, falleció el 5 de agosto de 2026 en una residencia de Valle Hermoso, donde había ingresado dos semanas antes para comenzar un proceso de adaptación, socialización y tratamiento.
De acuerdo con el relato de Nancy Almada a este medio, la estadía de Federico terminó de manera trágica después de permanecer sin la supervisión que, según considera, requería por su condición. La legisladora cuestionó las circunstancias en las que se encontraba su sobrino y vinculó esa experiencia con la necesidad de contar con personal capacitado y protocolos específicos para el cuidado de personas dentro del espectro autista.
“Estuvo dos semanas ahí como para empezar a adaptarse y lo dejaron solo, atado y parece que metió la cabeza en una cama con barrotes y no la pudo sacar”, contó Almada al reconstruir los últimos días de su sobrino. La situación, según planteó, expuso una de las principales dificultades que busca abordar el proyecto: que quienes tienen a su cargo a personas con autismo sepan reconocer sus necesidades y actuar ante situaciones de riesgo.
Para la legisladora, dejar sin supervisión a una persona con autismo severo no puede ser considerado una situación menor ni quedar librado al conocimiento individual de quienes trabajan en una institución. “Estaba encerrado solo, lo dejaron absolutamente solo. No podés dejar a un chico con autismo severo solo. Es la regla número uno”, enfatizó.
El caso de Federico terminó así conectado con una preocupación más amplia de Almada: que las familias no tengan que enfrentarse una y otra vez a instituciones que desconocen cómo abordar determinadas conductas o necesidades vinculadas al autismo. Por eso, uno de los pilares de la propuesta es que la capacitación deje de depender de la voluntad de cada organismo o trabajador y se convierta en una obligación.
“La discapacidad no se arregla con plata, se arregla con capacitación, se arregla con atención, se arregla con empatía”, planteó la legisladora. La frase resume, según su mirada, el espíritu que busca imprimirle a la iniciativa, que la respuesta estatal no se limite a recursos materiales, sino que también contemple conocimientos y herramientas para acompañar a las personas con discapacidad.
Almada también cuestionó la manera en que suele abordarse políticamente la inclusión. A su entender, el problema no pasa solamente por incorporar a las personas con discapacidad a determinados espacios, sino por eliminar las barreras que históricamente las dejaron afuera. “A mí la palabra incluir me parece una palabra tan comercial para la política. En realidad es dejar de excluir a la gente”, afirmó.
“Empecemos a entender qué es una desregulación emocional en el espectro autista, a entender por qué un aleteo, por ejemplo”, reclamó. Para Almada, conocer estas conductas resulta fundamental para evitar interpretaciones equivocadas y garantizar un trato adecuado en ámbitos tan diversos como una escuela, un hospital, una comisaría o un comercio.
