La Legislatura de Córdoba comenzó el debate en comisiones conjuntas del proyecto de “Ley Fede”, bajo el expediente 43566/L/25. La iniciativa busca establecer una política pública integral, permanente y transversal para la concientización, formación, atención y protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
El proyecto fue presentado en agosto de 2025 por las legisladoras Nancy Almada, Inés Contrera y por el bloque Frente Cívico de Córdoba. Propone medidas que abarcan los ámbitos estatal, educativo, sanitario, laboral, policial y comercial. El tratamiento comenzó ayer miércoles en las comisiones de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad y Tecnología, Innovación y Economía del Conocimiento, presididas por Carlos Carignano y Juan Blangino, respectivamente.
El tratamiento continuará ahora su recorrido por distintas comisiones legislativas para incorporar aportes de familias y profesionales. Almada pidió que el debate avance sin demoras y que la iniciativa pueda convertirse en una herramienta concreta para las personas autistas y sus familias. “La idea es que no se estanque esto en el tiempo y no lo dilaten como ya me ha pasado con la ley de acogimiento familiar, que hace un año que la vienen dilatando”, expresó en diálogo con este medio.
Capacitación obligatoria
Uno de los principales ejes de la iniciativa es la formación obligatoria y permanente en TEA. De acuerdo con el proyecto, alcanzaría a agentes de los tres poderes del Estado, profesionales de salud, educación, justicia, seguridad, empleo y administración, además del personal de empresas y entidades privadas que brinden atención al público.
Las capacitaciones deberán abordar, entre otros aspectos, las características del TEA, la desmitificación de prejuicios, las estrategias de comunicación y trato respetuoso, las necesidades sensoriales y comunicacionales y las herramientas de intervención en distintos ámbitos. También deberán contemplar el acompañamiento a las familias, protocolos ante crisis o desregulación emocional, inclusión laboral y una perspectiva de género, infancia y derechos humanos.
La propuesta establece que la formación tendrá una carga horaria mínima que deberá determinar la autoridad de aplicación y que deberá renovarse periódicamente. Además, contempla una certificación oficial y plantea que el cumplimiento de las instancias formativas sea supervisado y acreditado.
Almada explicó que la necesidad de formación atraviesa distintos ámbitos de la vida cotidiana. Señaló que un médico debe saber cómo abordar a una persona con TEA que llega a una guardia, incluso ante una eventual desregulación, mientras que en las escuelas los docentes necesitan herramientas para acompañar a estudiantes autistas, especialmente ante las dificultades para acceder a una maestra integradora. “En cada aula hay un niño del espectro autista y es imposible que consigan una maestra integradora. Es muy burocrático el trámite. Entonces, mientras tanto, la maestra está sola”, planteó.
La legisladora también extendió esa necesidad al ámbito judicial, donde consideró necesario que quienes intervienen en trámites vinculados con las familias puedan reconocer y comprender las características de las personas con TEA. “Por eso es importante entender lo que se viene y prepararnos y preparar también a los chicos”, sostuvo Almada, quien vinculó la concientización desde las escuelas con la posibilidad de reducir situaciones de bullying y favorecer una mayor comprensión entre estudiantes y familias.
En esa línea, remarcó que el objetivo de la iniciativa es que la capacitación atraviese a distintos sectores de la sociedad. “Vamos a pensar en un futuro donde médicos, docentes, jueces y políticos entienden más de empatía y que este mundo es de todos”, afirmó.
Un protocolo para la Policía
El proyecto dedica un apartado específico a la actuación de las fuerzas de seguridad. Establece capacitaciones anuales para el personal de la Policía de Córdoba, con contenidos destinados a reconocer las distintas manifestaciones del TEA y mejorar la comunicación durante una intervención.
También plantea herramientas para actuar ante situaciones de crisis o desregulación emocional o sensorial, con el objetivo de prevenir interpretaciones erróneas de determinadas conductas y evitar el uso desproporcionado de la fuerza.
A su vez, el Ministerio de Seguridad debería desarrollar un Protocolo de Intervención Policial ante personas con TEA, con pautas de comunicación adaptada y estrategias de actuación no violentas durante procedimientos, controles y detenciones.
Educación y concientización
La iniciativa propone que en todos los niveles educativos se incorporen contenidos y actividades pedagógicas para comprender el TEA, promover la convivencia inclusiva, evitar la estigmatización y fomentar la empatía y la participación de estudiantes con autismo.
El Ministerio de Educación tendría a su cargo el diseño, producción, validación, distribución y supervisión de los materiales didácticos. Estos deberían estar disponibles en distintos formatos, como recursos digitales, impresos, audiovisuales y pictográficos, y adaptarse a las diferentes necesidades cognitivas, comunicacionales y sensoriales.
El proyecto plantea además que estos materiales sean elaborados con la participación de equipos interdisciplinarios, universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, personas con TEA y sus familias.
Dos nuevos organismos
Entre las propuestas también figura la creación del Centro Provincial de Investigación y Atención Integral del TEA, bajo la órbita del Ministerio de Salud y con sedes regionales.
El organismo tendría funciones vinculadas con la investigación científica, la elaboración de estadísticas, la atención y orientación de personas con TEA y sus familias, la capacitación descentralizada y el asesoramiento para el diseño de políticas públicas.
A esto se suma un Observatorio Provincial de Inclusión y Derechos de las Personas con TEA, que tendría entre sus objetivos relevar datos y denuncias, evaluar el cumplimiento de la ley, elaborar informes públicos anuales y promover campañas de sensibilización.
Tecnología e inclusión laboral
La propuesta también contempla el acceso gratuito o subsidiado a tecnologías y herramientas inclusivas, como aplicaciones, plataformas digitales, sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, dispositivos adaptados y otros recursos destinados a favorecer la autonomía y la comunicación.
En materia laboral, establece el derecho de las personas adultas con TEA a acceder y permanecer en un empleo en condiciones de igualdad y no discriminación. Para ello, plantea programas de empleo adaptado, tutorías y acompañamiento técnico, ajustes razonables e incentivos fiscales y líneas de crédito preferenciales para empresas que implementen políticas de inclusión.
También propone capacitación para empleadores, equipos de recursos humanos y compañeros de trabajo, además de protocolos para prevenir y abordar situaciones de discriminación, acoso o exclusión.
Qué deberán hacer comercios y empresas
Otro capítulo está destinado a las empresas, comercios e instituciones privadas que atiendan al público. El proyecto plantea que deberán capacitar a su personal en trato respetuoso, accesibilidad sensorial y comunicación adecuada.
También propone que estos espacios cuenten con condiciones que reduzcan estímulos sensoriales excesivos, cartelería clara y pictogramas, protocolos básicos para situaciones de crisis o desregulación y, al menos, una persona por turno capacitada como referente en atención inclusiva.
Además, contempla alternativas como turnos programados, horarios de baja demanda sensorial y canales de atención por escrito.
El incumplimiento de estas obligaciones podría afectar el acceso a beneficios fiscales, subsidios, programas estatales de apoyo empresarial o contrataciones públicas.
El origen de la Ley Fede
Detrás del proyecto hay también una historia familiar que terminó convirtiéndose en el principal motor de la iniciativa. Federico Almada, sobrino de la legisladora y un joven de 25 años con autismo, falleció el 5 de agosto de 2026 en una residencia de Valle Hermoso, donde había ingresado dos semanas antes para comenzar un proceso de adaptación, socialización y tratamiento.
De acuerdo con el relato de Nancy Almada a este medio, la estadía de Federico terminó de manera trágica después de permanecer sin la supervisión que, según considera, requería por su condición. La legisladora cuestionó las circunstancias en las que se encontraba su sobrino y vinculó esa experiencia con la necesidad de contar con personal capacitado y protocolos específicos para el cuidado de personas dentro del espectro autista.
“Estuvo dos semanas ahí como para empezar a adaptarse y lo dejaron solo, atado y parece que metió la cabeza en una cama con barrotes y no la pudo sacar”, contó Almada al reconstruir los últimos días de su sobrino. La situación, según planteó, expuso una de las principales dificultades que busca abordar el proyecto: que quienes tienen a su cargo a personas con autismo sepan reconocer sus necesidades y actuar ante situaciones de riesgo.
Para la legisladora, dejar sin supervisión a una persona con autismo severo no puede ser considerado una situación menor ni quedar librado al conocimiento individual de quienes trabajan en una institución. “Estaba encerrado solo, lo dejaron absolutamente solo. No podés dejar a un chico con autismo severo solo. Es la regla número uno”, enfatizó.
El caso de Federico terminó así conectado con una preocupación más amplia de Almada: que las familias no tengan que enfrentarse una y otra vez a instituciones que desconocen cómo abordar determinadas conductas o necesidades vinculadas al autismo. Por eso, uno de los pilares de la propuesta es que la capacitación deje de depender de la voluntad de cada organismo o trabajador y se convierta en una obligación.
“La discapacidad no se arregla con plata, se arregla con capacitación, se arregla con atención, se arregla con empatía”, planteó la legisladora. La frase resume, según su mirada, el espíritu que busca imprimirle a la iniciativa, que la respuesta estatal no se limite a recursos materiales, sino que también contemple conocimientos y herramientas para acompañar a las personas con discapacidad.
Almada también cuestionó la manera en que suele abordarse políticamente la inclusión. A su entender, el problema no pasa solamente por incorporar a las personas con discapacidad a determinados espacios, sino por eliminar las barreras que históricamente las dejaron afuera. “A mí la palabra incluir me parece una palabra tan comercial para la política. En realidad es dejar de excluir a la gente”, afirmó.
“Empecemos a entender qué es una desregulación emocional en el espectro autista, a entender por qué un aleteo, por ejemplo”, reclamó. Para Almada, conocer estas conductas resulta fundamental para evitar interpretaciones equivocadas y garantizar un trato adecuado en ámbitos tan diversos como una escuela, un hospital, una comisaría o un comercio.
Foto: Cba24n
Gracias por hacerse eco de ésta gran noticia.