El Tribunal de Cuentas de la Provincia es el principal bastión del Frente Cívico, razón por la cual el jefe del partido, el senador nacional Luis Juez, se reunió allí el l unes pasado con los dos vocales titulares y los legisladores provinciales con el objetivo de aceitar el trabajo opositor que surgirá de esas oficinas.
Juez se sentó a la mesa flanqueado por los tribunos Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva, que forman la mayoría del organismo de control del gasto público. También participaron los legisladores provinciales presididos por Walter Nostrala; entre otros, Daniel Juez, Nancy Almada y Walter Gispert.
Juez escribió en las redes sociales que el Frente Cívico cumplirá “con la responsabilidad que nos dieron para cuidar los intereses y controlar el dinero de los vecinos de Córdoba”. “El compromiso que hemos asumido con el pueblo de la provincia de Córdoba lo vamos a honrar”, agregó.
Después del discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura del gobernador Martín Llaryora, el jueves pasado, en el cual los juecistas acusaron al peronista de ignorar al senador nacional, Juez aceleró el paso en el escenario político local.
En la reunión, los tribunos Corvalán y Leiva informaron sobre algunos datos sobresalientes que ya surgen del gasto del gobierno provincial, y que en los próximos días irían saliendo a la luz, según trascendió tras el encuentro opositor.
Que el juecismo pueda controlar el Tribunal de Cuentas fue una de las malas noticias que tuvo Llaryora en las elecciones que ganó el 25 de junio del año pasado, junto con la paridad en la Legislatura entre oficialismo y oposición.
Por eso, con la Legislatura anterior, en la que el peronismo tenía junto con sus aliados una amplísima mayoría, se sancionó una ley de recorte de facultades del Tribunal de Cuentas, de manera que el gasto público tenga menos controles previos. La cuestión derivó a Tribunales.
De todos modos, para el juecismo no hay un daño político en esa decisión peronista. Incluso, podría interpretarse lo contrario, ya que las denuncias y los reproches por erogaciones que puedan considerarse exageradas o superfluas se harán con el dinero ya gastado, por lo que el impacto sería mayor en la opinión pública, reveló ayer el diario Alfil.
Parados en ese capital político, Juez capitaneó ayer la reunión con los tribunos y los legisladores, quienes deberán coordinar sus agendas para trabajar en equipo, y con los aliados de Juntos por el Cambio, las denuncias que surgirán de la lupa sobre el gasto público.
