Con la expectativa de lograr una recomposición salarial en torno al 60% anual en nuestra provincia, lo que supondría unos 20 puntos porcentuales por encima del 40% de suba que pretende acordar el gobierno nacional en el marco del Consejo del Salario, que será convocado a fines del presente mes, los gremios estatales cordobeses iniciarán la semana próxima las negociaciones con la administración de Juan Schiaretti.
Justamente, en vísperas de la primera reunión paritaria prevista para el martes próximo en el Centro Cívico de nuestra ciudad con la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, y el secretario general de la Gobernación, Julio Comello, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) ratificó ayer que pedirá un aumento del 60% para todo el 2022.
Al respecto, el secretario de Coordinación Gremial del sindicato docente, Oscar Ruibal, anticipó que el porcentaje se justifica como consecuencia de una masa salarial perdida en años anteriores, y de una inflación proyectada para el 2022 que superaría el 50%. “Tomando como referencia datos del Banco Central y teniendo en cuenta la pérdida salarial planteamos un horizonte de discusión para el 2022 del 60%”, indicó.
Ruibal consideró que la paritaria arrancará “en medio de un proceso favorable de recaudación tributaria en la Provincia y muchos recursos nacionales en coparticipación”. “Existen condiciones objetivas para que el Gobierno dé una respuesta (favorable) para la demanda de los docentes, tanto activos como jubilados”, señaló. En este sentido, destacó el compromiso de los docentes durante la pandemia y la importancia de recuperar la presencialidad plena en las escuelas.
“Durante dos años en pandemia los docentes han dado cuenta de un enorme compromiso para sostener el sistema educativo, el compromiso de la docencia es para recuperar la actividad normal y la presencialidad en las escuelas”, rescató Ruibal.
Ver también: El Gobierno nacional anunció la convocatoria al Consejo del Salario
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen, sostuvo que el reclamo de mejora salarial estará en sintonía con lo planteado por la Uepc. “Vamos a empezar con la recomposición de lo perdido y después mirar para adelante. Todos manejamos una inflación mínima de 52% para 2022. Y la pérdida del año anterior va a estar en los tres puntos por lo menos”, precisó. Además, Pihen adelantó que “vamos a plantear un paritaria corta, de cuatro meses, para ver cómo evoluciona la situación económica”.
Resta saber qué postura adoptará el gobierno de Córdoba en torno al porcentaje de incremento que ofrecerá al SEP y a la Uepc. Y si el entendimiento se sellará por cuatro meses, como pretenden los gremios ante la creciente inestabilidad económica nacional, o buscará un acuerdo más a largo plazo, tal como ha venido ocurriendo en años anteriores.
ATE impulsa que el cargo testigo sea de $ 85.000
El Departamento de Educación del Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le enviará una nota al ministro de Educación de la Provincia, Walter Grahovac, para solicitar la realización de una reunión con la intención de plantearle una serie de reclamos, entre ellos la necesidad de lograr una mejora salarial del 60% en un solo pago, y no por tramos como suele acordar la Uepc.
En esa línea, el referente del sector en ATE, Diego Saurina, evaluó que “en primer lugar está el problema salarial, ya que estamos impulsando que el cargo testigo sea de 85.000 pesos, que es la canasta básica que elabora el Centro de Almaceneros de Córdoba y creemos que es el reflejo justo de la inflación”.
“Además, planteamos que el aumento general no baje del 60%, y que sea en una sola cuota, evitando el aumento escalonado que hace que los trabajadores siempre estemos corriendo detrás de la inflación. Este es un reclamo conjunto de todos los trabajadores estatales de la provincia”, especificó.
El dirigente afirmó que, además, plantean la defensa estricta de la Caja de Jubilaciones, otro punto en común con los estatales provinciales y municipales. “Hay que derogar la ley 10.694 y terminar con la arbitrariedad que implica el diferimiento del pago de los haberes en dos veces porque afecta a los trabajadores más vulnerables e indefensos de las arbitrariedades de la patronal”, aseguró.
El gremio también pretende abordar los problemas crónicos que sufre la infraestructura escolar, de la misma forma que quiere transmitirle a Grahovac la preocupación porque no se está dando cumplimiento al estatuto docente. “Se están aplicando numerosos programas de jornada extendida permitiendo la discrecionalidad a la hora de seleccionar a los docentes, no por orden de mérito sino a dedo de las direcciones de las escuelas. Así, se afecta seriamente a los docentes que tienen que conseguir un acomodo para acceder a alguno de esos talleres. Tienen que ser compañeros interinos y seleccionados por la Lista de Orden de Mérito”, demandó Saurina.
