El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional sumará esta semana un nuevo capítulo, debido a que los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la más importante del país, retomarán su plan de lucha con un paro nacional de 48 horas para el jueves y viernes próximos (27 y 28 de agosto), en reclamo por la falta de financiamiento de las casas de estudio y la situación salarial del sector.
El derrotero de la norma
Los docentes reclaman la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) por parte de la gestión de Javier Milei, luego de que la norma fuera ratificada por todas las instancias judiciales y que el 25 de junio pasado la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso extraordinario interpuesto por el Ejecutivo Nacional, decisión que dejó firme la medida cautelar dictada por el juez Martín Cormick que lo obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la norma.
Vale recordar que el presidente Milei vetó la iniciativa tras su aprobación en septiembre de 2025, pero en un episodio muy infrecuente el Poder Legislativo logró sostener la medida, con un apoyo transversal que superó los dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Diputados (donde se votó a mediados de septiembre de ese año) como en el Senado (2 de octubre). En medio, hubo otra multitudinaria marcha de la comunidad universitaria en defensa de la educación pública en todo el país.
Las razones del reclamo
Tras el fallo de la Corte Suprema en rechazo de la última medida judicial interpuesta por la gestión libertaria contra la norma, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó a principios de agosto la medida cautelar dictada por Cormick a favor de las universidades públicas, que ordena al Ejecutivo cumplir con la Ley 27.795.
La norma dispone una recomposición los salarios docentes y no-docentes acorde a la inflación acumulada (medida por el IPC oficial del Indec) desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió en la Casa Rosada.
A la vez, dispone la convocatoria obligatoria a negociaciones paritarias por parte del gobierno nacional cada tres meses, con actualizaciones periódicas que no queden por debajo de la inflación.
Respecto al presupuesto de funcionamiento de las universidades, establece la actualización bimestral de las partidas destinadas a sostener los gastos generales de operación de las casas de estudio según la variación oficial de precios; mientras que también ordena la actualización automática de los programas de becas estudiantiles y la asignación de partidas específicas para la investigación científica y los hospitales universitarios.
Respecto al primer punto, los representantes de los trabajadores sostienen que el Gobierno todavía adeuda 34 puntos de aumento salarial, tras el incremento del 21,3% otorgado en junio pasado.
Vale decir, si la gestión de Milei se adviniera a cumplir la norma, debería incrementar en un 34% los salarios de los docentes y no-docentes de todo el país a partir de la próxima liquidación de sueldos, a la vez que también tendría que sentarse a negociar para saldar los montos adeudados desde 2023 y acordar un aumento proporcional de los fondos de funcionamiento de las universidades públicas y de las becas estudiantiles.
Cumbre con el CIN
El gobierno nacional se sentó finalmente el viernes pasado frente a los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –que reúne a los rectores de todas las universidades nacionales del país- en una audiencia convocada por el juez Cormick para intentar encauzar el conflicto.
Sin embargo, no hubo novedades del encuentro, ya que la gestión de Milei ratificó su posición de considerar ilegítima a la norma porque afectaría su asignación de fondos para sostener el equilibrio fiscal, a la vez que confirmó la convocatoria a la reunión paritaria con los gremios docentes y no-docentes para el 1 de septiembre.
Más de 300 días sin cumplir
Ante este estado de cosas, los sindicatos denuncian que se superaron los 300 días sin que la gestión libertaria cumpla con la norma. Además, afirman que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses se fijaron de forma unilateral, sin la apertura de una negociación paritaria formal y quedaron “marcadamente por debajo de la inflación acumulada”.
Leticia Medina: “Siguen incumpliendo la ley y el acuerdo que se firmó en junio”
“Frente a la profundización del plan de lucha en todas las universidades nacionales, el Gobierno convocó a paritarias para el próximo martes 1° de septiembre. Las organizaciones del Frente Sindical Universitario vamos con un planteo claro: recuperar los 34 puntos del salario que nos adeudan. La Ley de Financiamiento Universitario no se está cumpliendo en ninguna de sus partes, porque ninguna de las partidas presupuestarias que contempla fue actualizada a los valores que tenían en noviembre de 2023”, argumentó el sindicato de docentes universitarios de Córdoba (Adiuc), que puntualizó que “el gobierno tampoco cumple el amparo judicial -ratificado por la Corte Suprema- que ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5° y 6° de la ley: actualización de salarios y becas estudiantiles. Lo mismo ocurre con la mayor parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en la primera mesa de negociación con los actores universitarios: actualización del 20% del presupuesto para gastos de funcionamiento, partidas para hospitales universitarios, compensación del FONID y becas”.
La palabra de los rectores
“La universidad pública es un problema porque somos una institución que produce comunidad, que promueve el pensamiento crítico y, sobre todo, porque somos una institución pública que funciona bien”, expresó ayer Germán Pinazo, flamante rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNSG), quien respondió los argumentos del Gobierno al explicar que “en 2025, el Estado resignó en beneficios fiscales para Mercado Libre cerca de 101.000 millones de pesos. Es casi catorce veces todo lo que efectivamente pagó ese mismo año para fortalecer la ciencia y la técnica en el conjunto de las universidades nacionales”.
“La universidad pública argentina es un bien público que nos ha costado mucho conseguir y que estamos decididos, decididas a defender”, agregó la vicerrectora de la UNSG, Flavia Terigi, en el acto de asunción, donde también remarcó los graves efectos de las políticas oficiales “surgidas de la lógica conservadora, negadora de la educación como bien público y derecho personal y social”.
Por su parte, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, resaltó la grave situación presupuestaria y salarial de las universidades públicas y el sistema científico nacional, pero remarcó que “lo más angustiante es la campaña sistemática para desprestigiar lo que sucede en el ámbito universitario”.
“El daño que le producen a la universidad pública argentina lo producen a todo el país, deterioran sus capacidades de desarrollo, pero aún con toda esta precariedad, estamos firmes, de pie”, expresó Bartolacci, quien destacó que “un Gobierno que parece que puede con todo, con lo único que todavía no pudo, al menos en los términos en los que se lo propuso, es con el sistema universitario público y el sistema científico nacional”.
A casi un mes del fallo, persiste la incertidumbre por los fondos de las universidades
