A casi un mes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la medida cautelar que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, el sistema universitario nacional continúa a la espera de la implementación plena de la norma. Pese al avance institucional que representó el fallo, las universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), revelaron en las últimas horas que persiste la incertidumbre sobre la distribución de los recursos y el cumplimiento integral de la ley.
Nueva presentación del CIN
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –que está integrado por los rectores de todas las universidades del país- calificó a la decisión de la Corte como un “avance institucional de enorme trascendencia” y un hito en la defensa de la universidad pública. Ayer, los rectores se presentaron ante el juez de feria en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, para solicitarle que habilitara el receso para dictar una sentencia definitiva en el conflicto con el gobierno nacional por el financiamiento de las casas de estudio. El magistrado ya giró el petitorio al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la conveniencia de abrir la feria.
“Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada por vuestra señoría en diciembre de 2025 y ya estamos en julio de 2026. Todo lo contrario, el PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite”, asevera el escrito presentado por Franco Bartolacci, rector de la Universidad de Rosario (UNR).
La posición de la UNC
A fines de junio, el máximo tribunal del país confirmó la resolución que ordenó al Estado nacional aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios, la actualización de las becas estudiantiles y el incremento de los fondos para gastos. Sin embargo, esas obligaciones todavía no fueron cumplidas por el Poder Ejecutivo, que sólo abonó el aumento salarial del 21,3% para docentes y no docentes, liquidado en junio, como disponía el acuerdo sellado con los gremios antes del fallo de la Corte Suprema.
“Lo que se efectivizó hasta ahora es el aumento para docentes y no docentes (21,3% en junio) y la actualización de los montos de las becas estudiantiles. El CIN está pidiendo precisiones al Gobierno sobre la actualización de las partidas para gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales universitarios. Hasta ayer no había resoluciones del Gobierno nacional para hacer efectivos estos pagos”, explicó a HDC Juan Carlos Carranza, coordinador de medios de la casa de estudios, quien destacó el reclamo judicial del CIN “para que se cumpla totalmente la ley”.
Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario establece una actualización automática de los salarios docentes y no docentes, así como también de las becas y el presupuesto para gastos de funcionamiento, por el índice oficial de la inflación tomando como base diciembre de 2023. De esta manera, los gremios denuncian que el aumento pagado en junio (21,3%) no llega a abarcar ni siquiera la mitad de lo que dispone la norma. Es más, sostienen que el Gobierno aún adeuda una recomposición cercana al 30% para cumplir la citada ley.
“El Gobierno firmó en junio un acta comprometiéndose a transferir fondos para mejorar salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. De eso, solo llegó el aumento salarial. El CIN sigue diciendo que eso no reemplaza el cumplimiento integral de la ley ni las órdenes judiciales ya dictadas”, completó Carranza a este medio, que confirmó así que la Nación ni siquiera cumplió con el compromiso de aumentar los fondos para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios en el mismo porcentaje (21,3%) de los salarios.
Frente a este escenario, Carranza confirmó que el CIN mantiene el reclamo por la vía judicial para exigir el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras aguarda que el Poder Ejecutivo nacional regularice las transferencias pendientes.
La Corte Suprema ratificó la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno calcula el impacto
Seguimos con el mismo problema. Si la universidad ha decidido dejarse evaluar para hacer comprobable a dónde se invierte el dinero. No sé porque no envían
los fondos. Quien dice la verdad acá? Todo un tema.