A casi un mes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la medida cautelar que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, el sistema universitario nacional continúa a la espera de la implementación plena de la norma. Pese al avance institucional que representó el fallo, las universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sostienen que persiste la incertidumbre sobre la distribución de los recursos y el cumplimiento integral de la ley.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calificó la decisión de la Corte como un «avance institucional de enorme trascendencia» y un hito en la defensa de la universidad pública. La resolución ratifica la legitimidad del reclamo para garantizar el pago de salarios de docentes y nodocentes, así como el financiamiento de las becas estudiantiles. Sin embargo, desde el organismo advierten que aún resta asegurar el cumplimiento efectivo del fallo y avanzar en la recuperación de las áreas afectadas por el desfinanciamiento, como la infraestructura y los programas científicos.
Consultada por el estado de situación, la UNC detalló que, hasta el momento, solo se hizo efectivo el aumento salarial del 21,3% para docentes y nodocentes, liquidado en junio, además de la actualización de los montos de las becas estudiantiles.
En cambio, todavía no se dictaron resoluciones del Gobierno nacional que permitan concretar las transferencias destinadas a gastos de funcionamiento y a los hospitales universitarios. Desde la UNC señalaron que, si bien en junio el Ejecutivo firmó un acta comprometiéndose a enviar fondos para salarios, funcionamiento y hospitales, «solo llegó el aumento salarial».
Frente a este escenario, la universidad confirmó que el CIN mantiene el reclamo por la vía judicial para exigir el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras aguarda que el Poder Ejecutivo nacional regularice las transferencias pendientes.
La Corte Suprema ratificó la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno calcula el impacto
